Roberto Gómez Prol: Licenciado en Periodismo. Máster en Comunicación Corporativa. Redactor y community manager. Voluntario en diferentes proyectos sociales, banca ética y culturales. “Nuestras decisiones individuales dan forma al mundo”.
En julio de 2018, Alfred Brownell y su equipo pudo cantar, finalmente, victoria. Sus esfuerzos impidieron la tala de bosques tropicales en la región de Sinoe en Liberia. Protegieron de la empresa de aceite de palma Golden Veroleum Liberia, 207.636 hectáreas de bosque primario que constituyen uno de los puntos críticos de biodiversidad de la Alta Guinea y más importantes del mundo. Reconocido como el mayor sumidero de carbono de la región, refugio de especies en peligro de extinción; incluidos la mayor población de elefantes de África Occidental, chimpancés, hipopótamos pigmeos y pangolines de árboles. Además, las tierras previamente arrendadas por el Gobierno, continuaban, después de una larga batalla, en manos de las comunidades indígenas para la gestión del bosque.
| Alfred Brownell es un abogado ambientalista y de derechos humanos y director ejecutivo de Green Advocates (GA), una ONG liberiana que fundó para representar a las comunidades que buscan proteger sus derechos humanos y ambientales. Brownell también estableció una red para conectar organizaciones comunitarias en toda Liberia, la Alianza para la Democracia Rural (ARD), con el objeto de colaborar en el trabajo de justicia ambiental. Creció en Robertsport, Liberia, y estudió ciencias, agricultura y derecho en la universidad. Alfred Brownell ha sido galardonado en 2019 con el Premio Goldman por África (el «Nobel medioambiental»). Esta su increíble historia: |
Proyectos masivos agroindustriales
El 16 de enero de 2006 alcanzó en Liberia el poder la primera mujer presidenta de África, Ellen Johnson Sirleaf. La mandataria contaba con la idea de capitalizar los bosques que durante décadas habían sido defendidos por comunidad indígenas. «Los pulmones de África Occidental» estaban gravemente amenazados por el agresivo impulso del gobierno para el desarrollo económico a través de grandes concesiones a las empresas mineras, madereras y de aceite de palma.
Durante su estancia en el poder, la ahora ex presidenta Ellen Johnson Sirleaf firmó la cesión de más del 30% de la tierra de Liberia a inversores externos. El gobierno reclamó las extensiones no escrituradas que habitualmente poseen los pueblos indígenas como públicas, lo que hizo que los bosques comunitarios fueran vulnerables a la destrucción por proyectos masivos agroindustriales y mineros.
En 2010, Golden Veroleum Liberia (GVL), una empresa agroindustrial con sede en Singapur, firmó un acuerdo con el ejecutivo de Liberia por un arrendamiento de 65 años de 207.636 hectáreas (2000km2) de tierras forestales para desarrollar operaciones de aceite de palma. Para establecer las plantaciones, GVL despejó bosques comunitarios y sin previo aviso o compensación adecuada a las poblaciones indígenas. En el proceso, destruyó tierras de cultivo y lugares sagrados. Asimismo, contaminó las fuentes locales de agua, poniendo en peligro el suministro de agua dulce de las comunidades y perjudicando su cultura y sustento. Cuando los residentes se manifestaron en contra de la destrucción, la empresa recibió el apoyo de las autoridades del país, quienes hostigaron, amenazaron y detuvieron sin cargos y arbitrariamente a los residentes.
Hostigamiento y amenazas
En 2011, cuando Brownell descubrió la destrucción del bosque por parte de GVL, comenzó entonces a trabajar con las comunidades locales para detener el acaparamiento de tierras, la devastación ambiental y actuar como mediador. Brownell sabía que GVL dependía para obtener financiación y vender su aceite de palma, de los informes positivos en materia de sostenibilidad que entregaba la institución sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), un organismo de certificación global del producto. Sin dicho consentimiento, la compañía no podía vender a los principales compradores, como Unilever y Cargill, que habían acordado comprar solo aceite de palma producido de manera sostenible.
En octubre de 2012, Brownell trabajó con miembros de la comunidad para presentar una queja ante RSPO, detallando la mala práctica ambiental de GVL y el no consentimiento de la comunidad indígena a la plantación de aceite palma. En respuesta, RSPO instauró una orden de suspensión de trabajo para la compañía, que congelaba cualquier expansión de la plantación, y evitaba la tala de más bosques y el hostigamiento aún más a las comunidades locales. La acción de Brownell protegió 207.636 hectáreas, aproximadamente el 94% del bosque arrendado a GVL por parte de las autoridades.
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Brownell sufrió en primera persona los ataques que padecía la comunidad local contraria a las plantaciones. Un grupo de trabajadores armados con machetes, bloqueó la carretera por la que transitaba y amenazaron con acabar con su vida. La intervención del responsable de la aldea no hacía presagiar nada bueno: “No podéis verter su sangre en esta tierra, llevarlo a otro pueblo y matarle”, fueron sus palabras. El conductor y Brownell consiguieron escapar de la zona.
Ébola y enfrentamientos
En 2014 una crisis de ébola mató a miles de liberianos. El gobierno declaró el estado de emergencia, y restringió los viajes y las reuniones públicas para contener el brote. Durante la crisis, GVL firmó cuatro acuerdos con el condado de Sinoe y las comunidades vecinas para desarrollar 13.354 hectáreas en plantaciones de aceite de palma. A cambio, GVL prometió empleos y otros beneficios comunitarios. Cada uno de los cuatro acuerdos fue firmado por cientos de personas, lo que indica que GVL reunió a grandes grupos de personas, una actividad que había sido explícitamente prohibida debido a la epidemia de ébola.
En mayo de 2015, después de que GVL no pudiera entregar los trabajos y beneficios prometidos, miembros de la comunidad protestaron en la oficina local de la empresa, lo que provocó enfrentamientos violentos. Como consecuencia, la policía saqueó casas e hizo arrestos arbitrarios. Quince miembros de la comunidad acabaron detenidos, y uno de ellos murió en circunstancias misteriosas. Después de un año de disputas legales, Brownell, con el apoyo de los defensores públicos, pudo asegurar la liberación de los 14 miembros de la comunidad encarcelados.
Victoria y exilio
El intenso trabajo de Brownell consiguió atraer a ONG internacionales y medios de comunicación para investigar la deforestación de GVL y la falta de consentimiento de la comunidad indígena en la concesión de tierras. En esta situación, RSPO emitió un nuevo informe que criticaba intensamente a GVL y descubrió que continuaba con su política de acoso a las comunidades locales.
Finalmente, en julio de 2018, RSPO desestimó la apelación de GVL contra la orden de suspensión del trabajo, confirmando la denuncia de Brownell y su equipo.
La victoria tuvo un alto precio, ya que Brownell y su familia se vieron obligados a huir de Liberia, de manera dramática, y a refugiarse temporalmente en los Estados Unidos en 2015, después de que una orden para su detención fuera aprobada, su casa fuera atacada y su familia detenida. Amenazado con su vida y menospreciado por la administración de Sirleaf Johnson como agitador contra el desarrollo y saboteador económico, había sido atacado en su hogar por su trabajo. Brownell es actualmente un distinguido académico y profesor asociado de investigación en la Facultad de Derecho de la Northeastern University en Boston. Todavía participa activamente en el activismo ambiental en Liberia y espera regresar a su tierra natal.
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