Los asesinatos de defensores del medioambiente se han duplicado en los últimos 15 años

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Al menos 1.558 defensores del medioambiente en 50 estados fueron asesinados entre 2002 y 2017 alcanzando niveles asociados con zonas de guerra.

el DiarioSolidario

Al menos 1.558 personas en 50 estados fueron asesinadas entre 2002 y 2017 mientras intentaban proteger la tierra, el agua o la vida silvestre local. Los asesinatos de defensores del medioambiente se han duplicado en los últimos 15 años y han alcanzado niveles asociados con zonas de guerra, según el estudio «The supply chain of violence», realizado por diferentes profesionales de universidades británicas.

La tasa de asesinados en este período aumentó de dos a cuatro defensores por semana. Los autores atribuyeron al aumento del estrés ambiental a medida que la demanda global de recursos empuja a la minería, la agricultura y otras industrias extractivas a regiones cada vez más remotas.

El estudio, publicado por Nature Sustainability, revela cómo los crímines de activistas se concentran en países corruptos y con un sistema legislativo y de leyes muy débiles. El documento intenta identificar a las personas u organizaciones impulsoras de los crímenes.

Filipinas

Casi todos los homicidios ocurrieron en naciones que obtuvieron las puntuaciones más bajas en corrupción, derechos fundamentales, poderes gubernamentales, transparencia y supervisión legal. La mayoría se encontraban en países tropicales y subtropicales, particularmente en América Central y del Sur.

En 2018 se produjeron 164 muertes de defensores de la tierra, inferior al máximo de 201 en 2017. Por primera vez, desde 2012, cuando se inició el estudio realizado por Global Witness, Filipinas reemplazaba a Brasil como el país que registraba más crímines. Los investigadores ponen el foco en la administración del presidente Rodrigo Duterte.

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Asesinatos de defensores de la tierra en diferentes países y sectores | Nature Sustainability

Solo el 10% de los asesinatos de defensores resultan en una condena, en comparación con un promedio del 43% para todos los homicidios mundiales, dice el periódico.

Recursos y corrupción

«El conflicto son los recursos, pero el problema primordial es la corrupción», afirma la autora principal e investigadora de la Universidad de Queensland, Nathalie Butt.

Nathalie Butt asegura que las empresas y los consumidores en los países ricos del hemisferio norte deberían asumir una mayor responsabilidad sobre los productos que se obtienen del sur. “Necesitamos hacer de la ética y la transparencia una parte importante de nuestra cadena de suministro. Tenemos que asegurarnos de que no haya sangre en nuestras manos».

Los investigadores dicen que es probable que el recuento sea una estimación conservadora porque muchas muertes no han sido recogidas, particularmente en estados autoritarios donde los medios de comunicación y las ONG tienen restringido o prohibido el acceso.

Recientemente, la ONG Global Witness, informó de una caída en los asesinatos, a cerca de tres por semana, en su último informe anual referente a 2018. Pero los autores concluyen que la tendencia a largo plazo sigue siendo mayor, particularmente con respecto a los homicidios de indígenas, que constituyen una proporción mayoritaria de las víctimas.

Brasil

“Creemos que es probable que aumenten los ataques contra los pueblos indígenas, particularmente en Brasil, donde el presidente, Jair Bolsonaro, ha tomado el poder con la promesa de que los pueblos indígenas deben adaptarse a la mayoría o desaparecer. Está priorizando la explotación del medioambiente», advirtió la coautora del informe, cofundadora y directora de la ONG Not1More, Francés Lambrick.

Una preocupación que ha crecido el mes pasado con el asesinato de la líder indígena, Emyra Waiãpi, en un área plagada de minería ilegal de oro.

El lunes, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades brasileñas que investigaran el incidente y reforzaran los esfuerzos para detener la usurpación ilegal de tierras por parte de mineros, madereros y agricultores.

«La política propuesta por el gobierno brasileño para abrir más áreas de la Amazonía a la minería podría conducir a incidentes de violencia, intimidación y asesinatos del tipo infligido al pueblo Waiãpi la semana pasada», afirmó Bachelet.

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