La ayuda al desarrollo en España bajo mínimos

España ha reducido en el último decenio la ayuda al desarrollo hasta cinco veces más que ningún otro país miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo –CAD- de la OCDE. El descenso ha dejado a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en 2.186 millones de euros en 2018, un 0,20% de la RNB, por debajo del porcentaje de 1990, según el informe anual “La Realidad de la Ayuda” de Oxfam Intermón.

La organización considera la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible una gran oportunidad para el país y pide establecer un calendario que sitúe la cooperación en el promedio europeo del 0,5% al término de la legislatura. Tal y como se han comprometido partidos como PSOE y Unidas Podemos en sus programas electorales. Mientras que la tendencia de los donantes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo en este período ha sido positiva con un incremento total del 24,5%, en España la ayuda al desarrollo ha tenido un descenso acumulado del 55,7% entre 2008 y 2018. Es el dato más negativo del conjunto de los miembros del CAD–OCDE y único descenso en la Unión Europea.

España está a la cola de los donantes de la OCDE en cuanto a su aportación de ayuda, solo por delante de Estados Unidos y los países de Europa del Este, y lejos de la media de los donantes del CAD, con el 0,31%. Más aún de la europea con un 0,47%, y con países como Dinamarca y el Reino Unido uniéndose ya al club del 0,7%.

“El último decenio ha dejado a España como un actor internacional con poco peso, limitado a aportaciones casi siempre simbólicas en las iniciativas globales en favor del desarrollo. El esfuerzo para situarse en una posición acorde a su dimensión económica y su responsabilidad política debería ser significativo e iniciarse cuanto antes”, explica el responsable de financiación al desarrollo de Oxfam Intermón y autor principal del informe, Jaime Atienza.

“El vacío creado por el papel de EEUU y el Brexit, abren a España la posibilidad de ser un socio referente en el futuro de la UE, coliderando con Francia y Alemania su política de desarrollo y ayuda internacional”, según el portavoz.

El informe señala que la mayor parte de los montos que España dedica a ayuda son contribuciones obligatorias tanto a la UE como a los organismos financieros internacionales de los que forma parte. Solo la aportación a la UE absorbe cerca del 50% de la AOD año tras año. Asimismo, se contabiliza dentro de la misma el coste de la atención de las personas refugiadas dentro de nuestras fronteras, que ha superado el 10% de la ayuda total en el último año con un monto de 230 millones de euros.

“La cooperación española requiere de una refundación –continúa Atienza-. Debe repensarse en el nuevo contexto global definido por la Agenda y los desafíos globales de la crisis ecológica y de desigualdad. Se trata de afrontar juntos los retos de la humanidad que afectan, así sea de manera diferente, a la población española a la de Burkina Faso o a la de Perú”.

La partida de ayuda humanitaria bajo mínimos Un especial análisis merece la partida destinada a ayuda humanitaria, esencial para responder a los conflictos, el cambio climático y los desastres naturales. Actualmente, más de 134 millones de personas en todo el mundo dependen de ella. En el período que va de 2008 a 2017, la ayuda humanitaria acumula un descenso del 81,4% (de 298 millones de euros a 51 millones de euros), mientras las necesidades humanitarias reflejadas en los llamamientos de Naciones Unidas se han más que triplicado (de 7.200 millones de dólares a más de 25.000 millones de dólares) fruto del aumento de los conflictos, especialmente en África y Oriente Medio. Asimismo, se ha alcanzado el pico en el desplazamiento forzoso de personas, tanto internos como internacionales, con 70,2 millones de personas en 2018, según ACNUR.

Las buenas noticias vienen de la mano de la cooperación descentralizada. En 2015 inició su recuperación, y en 2017 continuó aumentando por tercer año consecutivo, incrementando de media un 12% respecto al año anterior. Las CC.AA. son fundamentales para entender esta subida, ya que destinaron a la AOD casi un 25% más mientras que los Entes locales lo redujeron en casi un 16%. País Vasco, Andalucía y Cataluña están a la cabeza en cuanto a su contribución a la cooperación.

Ante este escenario y de cara a la próxima formación del Gobierno, el portavoz señala: “Es esencial que España tenga un papel relevante en el mundo como un país que defiende los Derechos Humanos, incluyendo los de las personas que se desplazan forzosamente, la lucha contra la discriminación de género, así como liderar la lucha global contra la desigualdad”.

Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible

En esta línea, la organización propone al nuevo Gobierno medidas para llevar a cabo en los primeros 100 días, aprovechando además la celebración de la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de este año. Entre ellas, cabe destacar la petición al futuro presidente de anunciar ante la Asamblea General una aportación extraordinaria de 200 millones de euros para la acción humanitaria en las principales emergencias como las de Yemen, Siria y el Territorio Palestino. Así como en las crisis olvidadas del continente africano. También para contribuir al Fondo Global contra el VIH, la malaria y la tuberculosis.

Asimismo, propone otras actuaciones como una reestructuración institucional que asegure la implantación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, en España, en los países más vulnerables y en la arena global, con la creación de una Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, el informe contempla otras actuaciones como el apoyo a los países de renta media mediante medidas que reduzcan la desigualdad y que luchen contra el cierre de espacios a la sociedad civil y la vulneración de Derechos Humanos.

Por último, Oxfam Intermón considera necesario asegurar una coherencia de políticas para el desarrollo, que suponga una apuesta clara de reducciones de CO2 para luchar contra la emergencia climática y la inversión en el Fondo Verde, frenar la venta de armas a países que se utilizan para violar los DD.HH., la promoción de una fiscalidad internacional que luche contra la evasión y elusión fiscal que roba recursos a los países en desarrollo, así como contribuir a la búsqueda de soluciones a los crecientes problemas de deuda en el continente africano.