el DiarioSolidario
107 activistas fueron asesinados el año pasado en Colombia, según las cifras de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet. Además, siguen en proceso de verificación 13 casos adicionales identificados a lo largo de 2019, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos.
“Estamos profundamente preocupados por la impactante cantidad de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2019”, aseguró la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
Los ataques y asesinatos se intensificaron durante el 2018, cuando la citada Oficina de la ONU en Colombia confirmaba 115 asesinatos. En el 2020, al menos 10 personas, según información preliminar, han perdido la vida durante las primeras semanas de enero.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había verificado 303 asesinatos de defensores de las garantías fundamentales y líderes sociales hasta diciembre del año pasado.
“Reiteramos nuestro llamamiento al Gobierno de Colombia para que lleve a cabo un esfuerzo enérgico con el fin de prevenir los ataques contra las personas que defienden los derechos fundamentales. Para que se investiguen todos y cada uno de los casos y para enjuiciar a los responsables de estos hechos, incluidos los responsables de instigar, ayudar o incitar a su comisión. El círculo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, afirmó Marta Hurtado.
Indígenas, afrodescendientes y mujeres
La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, el 98%, en municipios donde se llevan a cabo actividades ilícitas y operan grupos criminales o armados. Además, el 86% tuvo lugar en zonas con tasas de pobreza por encima de la media nacional.
Si bien más de la mitad de los crímenes se centraron en sólo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá), los asesinatos se registraron en 25 departamentos diferentes.
El grupo más afectado fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos. Del mismo modo, Los asesinatos de mujeres defensoras aumentaron en casi un 50% en 2019, en comparación con el año 2018.
Un ataque a la democracia
Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia , explicó la portavoz quien destacó. “Cualquier ataque contra los defensores y defensoras de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.
| Noticia relacionada: Defendiendo el derecho a la vida y a la Tierra: el caso de Colombia |
Hurtado destacó que también ha habido “una serie de factores adicionales que contribuyeron a esta situación” como la penetración de grupos criminales y de grupos armados vinculados a actividades ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP y el favorecimiento por parte del Gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia.
Además, se mantienen los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos de las organizaciones paramilitares, la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y la reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas.
Mucho por hacer
“Reconocemos algunos avances positivos, como la reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se convocadó a principios de año por el Gobierno para abordar este problema. No obstante, la sorprendente cantidad de asesinatos muestra claramente que aún queda mucho por hacer”, agregó la portavoz.
Por eso, hizo un llamamiento a las autoridades para que “redoblen sus esfuerzos en aras de garantizar un entorno libre y seguro para el participación cívica y para aumentar la presencia de autoridades civiles estatales en áreas rurales con el objetivo de proporcionar servicios básicos como salud y educación”.
También consideró que las disparidades en el disfrute de todos los derechos, particularmente en los derechos económicos, sociales y culturales – especialmente en áreas rurales- deben abordarse con suma urgencia, al tiempo que deben desarrollarse aún más las medidas de protección colectiva que busquen proteger áreas geográficas o comunidades.
Déjanos tu opinión