La discriminación contra los gitanos en España

Discriminación
Preocupación en Naciones Unidad por la discriminación contra la poblicación gitana en España | ONU

el DiarioSolidario

El nivel de discriminación en España contra la población gitana y su segración escolar son motivo de preocupación para Naciones Unidas. Una inquietud que se extiende al perfil étnico de las minorías y la aplicación deficiente de ciertos derechos lingüísticos, ha asegurado el relator especial de la ONU, Fernad de Varennes tras visitar el país del 14 al 25 de enero.

El especialista de la ONU en cuestiones de las minorías ha alegado que los problemas de derechos humanos en relación a estos grupos, a veces se sienten como una ‘asunto inconcluso’”, pese a los enormes avances logrados por España en el campo de los derechos humanos desde que se transitó hacia la democracia”.

En el ámbito educativo de la juventud e infancia romaní, Varennes ha indicado que, alrededor del 64% de los niños gitanos aún no completan la educación secundaria obligatoria. Para la población general esta cifra está entorno al 13%, pese al esfuerzo realizado en materia de educación.

Las tasas de abandono escolar, en particular de las niñas gitanas, son extremadamente preocupantes, al igual que el problema de la segregación de facto en las aulas y las escuelas.

“La segregación en la educación debe ser objeto de un tratamiento específico por parte de los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, se debe proporcionar una educación de calidad a los niños y niñas gitanos para garantizar que realmente se les dé igualdad de oportunidades,” ha comentó el experto al presentar su declaración.

Agravios socioeconómicos

En un ámbito económico “todavía hay demasiados gitanos que sufren agravios socioeconómicos significativos e incluso exclusión. Así como discriminación y prejuicios en áreas como la educación, la vivienda y el empleo”.

“Fue, por ejemplo, desconcertante escuchar que, en el área más importante de actividad económica de los gitanos, el comercio ambulante, la regulación varía de una localidad a otra, y puede estar sujeta a actuaciones caprichosas, a menudo arbitrarias y desdeñosas, e incluso discriminatorias”, resalta la declaración.

Por todo ello, el consultor en derechos humanos ha instado “a que los programas para promover la igualdad plena y efectiva de los gitanos se diseñen y analicen de manera efectiva, en consulta con los representantes de las comunidades gitanas, en lugar de por terceros”.

Minorías lingüísticas

Varennes también muestra preocupación por una supuesta brecha entre el reconocimiento de los idiomas cooficiales y el alcance de su uso real, así como la implementación de la legislación al respecto. Los jueces y los agentes de las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional, en general no están sujetos a ningún requisito de conocimiento de los idiomas cooficiales, incluso cuando ejercen en una comunidad autónoma.

“Las minorías lingüísticas tienen derecho a usar su idioma en sus interacciones con las autoridades e instituciones estatales, siempre y cuando sea razonable y justificado, según la proporción de la población que lo hable localmente, pero esto sigue sin cumplirse en algunas regiones,” explica el relator especial.

El reconocimiento oficial de la lengua de signos en 2007 refleja el progreso considerable que se ha logrado en la protección de los derechos de la comunidad de personas sordas, pero es fundamental reconocer que la lengua de signos no es meramente una herramienta, sino una lengua de pleno derecho.

Varennes también ha expresado su preocupación por la falta de datos desglosados sobre el origen étnico, la religión o el idioma de las personas que, enfatizó, podrían recopilarse de manera respetuosa con el derecho a la privacidad.

También ha recomendado que, en el campo de la educación, el Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación “reanude la recopilación de datos sobre los niveles de competencia en la adquisición de fluidez en castellano y en los idiomas cooficiales en todo el país”.

Victimas de la intolerancia

“Minorías como la formada por la comunidad gitana, las personas de ascendencia africana, los migrantes y las minorías religiosas, como los musulmanes, suelen ser los principales objetivos y las víctimas de la intolerancia”, ha destaca el relator. También ha mencionado “un número cada vez mayor de incidentes relacionados con miembros de la minoría catalana” en un apartado dedicado al racismo, la xenofobia y el discurso del odio.

Ha recordado que “aunque esté prohibido el uso de perfiles raciales y, a pesar de que se han tomado medidas dignas de elogio para eliminar el perfil étnico, particularmente en la capacitación de la Policía Nacional, es necesario abordar de manera más efectiva y específica este fenómeno, cualificado como endémico en el reciente informe de 2018 del Grupo de Trabajo de expertos en personas afrodescendientes sobre su misión a España”.

“El Grupo observó que las disposiciones de la Ley de Seguridad de los Ciudadanos que imponen multas elevadas por filmar a los agentes del orden público. Revertir la carga de la prueba han tenido el efecto perverso de que las minorías no denuncien todos los actos discriminatorios cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. O que no se investigue ni se juzgue a los autores de delitos contra las minorías, en particular contra los afrodescendientes”.

Varennes ha considerado que ”se necesitan más esfuerzos para combatir todas las formas de racismo, xenofobia e intolerancia”, y “debería ser una prioridad que los presuntos casos de discurso de odio cometidos en internet y en los medios sean investigados, procesados y sancionados con mayor eficacia”.

El relator especial presentará un informe detallado sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2020.
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