el DiarioSolidario
La expulsión de las 116 personas que llegaron hace dos días a Ceuta puede suponer el cambio definitivo en la política migratoria del Gobierno español. Desde el Ejecutivo se trata de justificar la medida desde un marco legal amparado en un acuerdo con Marruecos.
Paras las entidades humanitarias la actuación del Gobierno significa poner en práctica los procedimientos de expulsión inmediata. Estos procesos acelerados, llevados a cabo en 24 horas, impiden conocer las personas que están en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional.
Para la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, en declaraciones recogidas en la página web de la entidad, “Este nuevo enfoque es desacertado si no se garantizan fórmulas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías. De nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras y en la seguridad que en las personas y sus derechos”.
La expulsión de las 116 personas se produce tras el compromiso de la Unión Europea de destinar una mayor cantidad de dinero a Marruecos siempre que el Gobierno alauí ponga ponga freno a la llegada de personas migrantes y refugiadas.
La situación actual es extraordinariamente difícil para las personas que quieren llegar a España huyendo de la pobreza o huyendo de la violencia y amenazas. La administración española tiene cerrada las posibilidades de que alcancen el país por medio de vías legales como visados humanitarios o asilo. Esto obliga que la llegada mediante caminos ilegales y peligrosos sean los únicos a los que puedan acogerse para llegar España.
Otro factor importante es la actitud de Marruecos con las personas subsaharianas, el cual, según CEAR, les está presionando mediante redadas y vulneración de sus derechos con el fin de precipitar su decisión de llegar a España.
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