el DiarioSolidario
“Cuando una frontera se cierra, otra ruta más larga y peligrosa se abre”. Esa frase recurrente en los últimos años podría ser la conclusión del vídeo ‘Evros, la nueva ruta mortal hacia Europa’ . Un documento gráfico publicado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Consejo Griego para los Refugiados (GCR) sobre la situación en la frontera entre Grecia y Turquía.
“Cuando intentamos salir del bosque y llegar a la ciudad, la policía nos arrestó y nos confiscaron nuestros teléfonos. Nos hicieron subir a los botes en grupos y nos deportaron al otro lado”, cuenta Maryam, una refugiada iraní de 22 años en el vídeo realizado este mismo mes de marzo por los periodistas Mikel Konate y Sarah Souli en la frontera turco-griega.
Por su parte, el coordinador de la Unidad Jurídica del GCR, Vasilis Papadopoulos añadió: “El creciente número de personas que llegan a través de Evros –entre ellas muchas familias y niños– pone de relieve la ineficacia y los riesgos asociados con las políticas de cierre de fronteras. Especialmente cuando están destinadas a detener la necesidad fundamental de las personas de buscar protección. ‘Ayer’ se trataba de los peligrosos viajes marítimos, ‘hoy’ se está convirtiendo en un viaje cada vez más peligroso por tierra a través de Evros.
Violaciones más horrendas
Después de haber permanecido en una ruta fuera de radar, es también el lugar de algunas de las violaciones más horrendas de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. ‘Mañana’ debe haber una Europa que respete los derechos humanos y sus responsabilidades legales hacia los refugiados”. Vasilis Papadopoulos
“La situación en esta frontera es una muestra más de que la política de externalizar fronteras puede servir a corto plazo para reducir el número de llegadas en una zona determinada pero desde luego es un fracaso para las personas que huyen de conflictos como el de Siria y para los propios valores de la Unión Europea”, lamentan desde CEAR.
En el vídeo puede verse también la labor de forense Pavlos Pavlidis, quien recoge muestras de ADN y objetos personales para que en algún momento puedan ser identificados por los familiares.
Un acuerdo ilegal
En el tercer aniversario de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía ambas organizaciones destacan que el acuerdo “ha supuesto una reducción de las llegadas a través de este país, pero muchas personas refugiadas optan por la vía terrestre y deban atravesar el río Evros”. El pacto recogía, además de las expulsiones, se ofrecía un pago de 3.0000 millones de euros para que las autoridades turcas blindaran su frontera marítima con Grecia.
En mayo de 2016, CEAR presentó una denuncia a dicho acuerdo ante la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo Europeo por la vulneración de los derechos de las personas refugiadas, con el apoyo de 294 organizaciones y más de 12.000 firmas individuales. A raíz de esta queja, la Defensora del Pueblo recomendó a la Comisión Europea evaluar el impacto del acuerdo en materia de derechos humanos.
Desde entonces, la entidad ha mantenido la ilegalidad del acuerdo UE-Turquía, ya que su aplicación práctica vulnera la normativa europea e internacional, y ha venido alertando del riesgo que corre la vida de muchas personas refugiadas si finalmente son devueltas a Turquía. Además, como consecuencia en parte de este acuerdo, cientos de miles de personas se han quedado atrapadas en el país otomano y otros países de la región en condiciones infrahumanas y sin garantías de que puedan ejercer sus derechos, y más de 72.000 están actualmente bloqueadas en Grecia.
Déjanos tu opinión