el DiarioSolidario
Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos exigen la aprobación del Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018 en el próximo Consejo de Ministros, a celebrarse el viernes 1 de marzo. El objetivo es garantizar el acceso en condiciones de igualdad al Sistema Nacional de Salud, a todas las personas que se encuentren en el estado antes de la disolución de las Cortes, el 5 de marzo.
Según las entidades firmantes de la misiva, entre las que se encuentran REDER, Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”.
En la carta enviada a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Luisa Carcedo, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante, este fue “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el reglamento correspondiente.
Para las organizaciones, “las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas”.
Abordar urgentemente
En el documento se apunta dos ejes fundamentales que son importantes que el reglamento repare de inmediato:
La garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.
La prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad de obtenerlo. En su lugar, las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc.
Asimismo se recuerda la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.
“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos de la sociedad civil.
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