Guatemala no es una excepción: el ataque directo contra las ONG

Guatemala
Congreso de Guatemala | Luis Echeverria

Lydia Arteaga | Perifèries del Món 

Amnistía Internacional ha publicado esta semana un informe en el que confirma el aumentando de ataques de gobiernos de todo el mundo contra las organizaciones no gubernamentales mediante la creación de leyes que las someten a vigilancia, trabas burocráticas y la amenaza constante de encarcelamiento. Guatemala es el último país a en sumarse a esta tendencia destructiva.

El Congreso guatemalteco debatía el 13 de febrero una iniciativa legislativa que tenía por objeto reformar la Ley de ONGD (Decreto 02-2003 del Congreso de la República de Guatemala, presentada hace dos años), conocida como iniciativa 5257. El contenido de la reforma dispone de varios artículos que, de ser aprobados, restringen los derechos a la libertad de expresión y a la defensa de derechos.

En mayo de 2018, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, hacía unas declaraciones públicas donde señalaba a organizaciones campesinas y de defensa de la tierra de violentar la situación del país, a la vez que arremetía contra el Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas. Una alarmante escalada de violencia y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos siguieron las palabras del presidente.

Cierre de ONG

Y es en este marco cuando se busca, por tercera vez, reformar la Ley de las ONG. La reforma establece tipologías cerradas para la constitución de organizaciones sociales, entre las cuales no se incluye la existencia de entidades de derechos humanos. Asimismo, establece un mecanismo único y centralizado de aprobación y control. La decisión final recaería en la discreción de los funcionarios administrativos y podría generar una exclusión para las ONG radicadas fuera de la capital.

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La iniciativa 5257 establece, del mismo modo, la posibilidad del cierre de las ONG que actúen fuera del “orden público”, dejando un gran margen de discrecionalidad a las autoridades. “Orden público” en Guatemala está definido en una ley de 1970 que califica como vulneraciones de ese orden, la defensa de los derechos humanos. Además se corresponsabiliza económicamente a todas las personas miembras de una ONG en el caso de problemas institucionales, lo que es incompatible con su carácter no lucrativo.

Asimismo, la propuesta vulnera el derecho a la libertad de asociación, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 20); en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 22); en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 16 ), y en la Declaración sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos (artículo 5.a), que incluye el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre sí para expresar, promover, perseguir y defender colectivamente intereses comunes.

Criminales de lesa humanidad

Las organizaciones sociales han hecho llegar una carta a todos los parlamentarios de Guatemala donde les piden que retiren para siempre esta reforma. También el relator de la ONU sobre la situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, ha manifestado su preocupación por los impactos negativos que tendrá en las organizaciones sociales.

De forma paralela existe una propuesta para modificar la Ley de Reconciliación Nacional. Con los cambios propuestos se daría amnistía total a los culpables por delitos de lesa humanidad durante el genocidio sufrido por la población indígena guatemalteca. La ley actual y su amnistía se aplica para delitos comunes pero no para delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, los cuales se pretende ahora incluir con carácter retroactivo.

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Corrupción

La situación actual de la política en el país parte de la crisis abierta en agosto de 2017 con la declaración de persona non grata al fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por parte del presidente Jimmy Morales. Un año después, el presidente de Guatemala anunció que no se renovaría el mandato de la CICIG que finaliza en septiembre de 2019, tras aludir a la participación de la Comisión en actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la constitución del país. La ONU rechazó y condenó este proceder​, a la vez que la corte legal más alta del país se pronunciaba en contra de la decisión de Morales.

La Comisión, nacida de un acuerdo entre la Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala en 2006, ha contribuido desde principios de 2008 de manera importante al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, trabajando durante 11 años por la independencia del poder judicial en Guatemala y del sistema judicial en general.

Financiación ilegal y ostigamiento contra CICIG

En 2015, la Fiscalía del país centroamericano llevó a cabo una investigación sobre una red de fraude aduanera. Entre las conclusiones, el ente judicial descubrió que la campaña que llevó a al poder a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, del Partido Patriota, había recibido financiación ilícita de dicha red. Un año más tarde, las pesquisas tomaron un giro importante y se centró en el sector empresarial. Fue entonces cuando comenzó la campaña contra la CICIG.

En el mismo período, la Coalición de diferentes partidos en el Congreso, que apoyan al presidente, contratan a una firma de abogados y especialista como grupo de presión, Barnes and Thornburg, para iniciar una campaña de lobby en conjunción con el Gobierno estadounidense contra la CICIG y el entonces embajador norteamericano en Guatemala. Por esas fechas, Trump ya era presidente y el ambiente político estadounidense giraba hacia el abandono de la lucha contra la corrupción por alianzas.

La situación abrió una coyuntura política negativa, de fuerte avance del control del Estado por parte de grupos de poder políticos, económicos-empresariales y militares que están a favor de la corrupción y la impunidad. A su vez, estos sectores presionan e intentar influir en la Corte de Constitucionalidad, que es una instancia del Poder Judicial que permanece independiente y ha emitido resoluciones de amparo en contra de las decisiones del presidente.

Fiscalía transnacional

El proyecto por el que apuesta el Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos es la Fiscalía Transnacional. Se espera que empiece a funcionar en noviembre y trabajará con las agencias DEA (Oficina contra las drogas); FBI (Buró Federal de Investigaciones); ICE (Servicio Contra Migrantes) y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Algo similar a las colaboraciones que Estados Unidos tenía con Guatemala antes de la CICIG, sin abordar temas de corrupción.

La situación del país es compleja con elecciones generales en el próximo mes de junio. Esta semana una misión del Parlamento Europeo calificaba al Gobierno de Guatemala como “muy cerrado y con quien la diplomacia y el intercambio es muy complicado” y exhortaba a emitir una declaración de urgencia por parte del Parlamento, vista la intransigencia del Gobierno frente a la comunidad internacional.

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