el DiarioSolidario
El conocido como “decreto Salvini” limitará la protección humanitaria a las víctimas de la explotación laboral, la trata de personas, la violencia doméstica, las catástrofes naturales o las que necesitan atención médica, así como a quienes realizan actos de mérito en suelo italiano. Éste modelo de asistencia, que se concedía a un tercio de los solicitantes de asilo, será sustituido por un permiso de residencia de un año sólo para casos extremos.
Hasta ahora, la protección humanitaria implicaba permiso de residencia de dos años y derecho a un visado de trabajo. Así como acceso al sistema de acogida en pequeños centros de protección en los que se imparten clases de italiano o de formación profesional y se trabaja en la integración.
El camino para las expulsiones se allana, del mismo modo, para los migrantes que son considerados “un peligro social” o tengan una condena en primer grado. Este punto es controvertido y corre el riesgo de ser declarado inconstitucional puesto que hasta la condena en tercer grado se garantiza el derecho a la presunción de inocencia.
Contraria a Convención de Refugiados
Los especialistas ya adelantan que la decisión del gobierno italiano podría ser contraria a la Convención de Refugiados de la ONU de 1951, que protege a todos los refugiados, formalmente reconocidos o no, de ser devueltos a la fuerza, excepto en los casos cuando son considerados como un peligro para la seguridad pública o la seguridad nacional.
El documento deberá ahora ser firmado por el presidente de la República, Sergio Mattarella, y validado por el Parlamento en 60 días, donde se preveén reformas.
Una situación de “alarma” en Italia, que contrasta de lleno con las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, quien ha afirmado que en 2018 se han contabilizado la llegada más baja de migrantes al Mar Mediterráneo desde 2014.
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