el DiarioSolidario
El gobierno de Nicaragua ha liberado a más de 100 presos políticos en los últimos días bajo una nueva y controvertida ley de amnistía de ciudadanos arrestados en medio de un año de protestas contra el gobierno. El texto legal protege, asimismo, a la policía y otros cuerpos que reprimieron violentamente las manifestaciones.
Entre las 56 personas liberadas el martes se incluyen a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, y al líder estudiantil Edwin Carcache. Mairena, condenado a 216 años de prisión en febrero, es dirigente del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Una infraestructura valorada en 44.000 millones de euros concedida a un empresario chino de las telecomunicaciones. A su salida de la cárcel afirmaba: “El gobierno me ofreció, a cambio de mi libertad, acusar a la Conferencia Episcopal como organizadores de un golpe de estado, que realmente nunca existió”.
La directora y portavoz del canal de televisión 100% Noticias que las autoridades cerraron en diciembre, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, también salieron de la cárcel. Por su parte, el lunes 50 personas salieron en libertad. En la actualidad, alrededor de 80 disidentes permanecen en instituciones penitenciarias.
Controvertida ley de amnistía
El gobierno ha liberado gradualmente a los presos desde que se reabrió el diálogo entre las dos partes en febrero impulsados por las clases pudientes del país, con el apoyo de El Vaticano y la Organización de Estados Americanos (OEA). Las conversaciones se paralizaron poco después de alcanzar un acuerdo, en parte por las demandas de la oposición (Alianza Cívica) de que todos los opositores encarcelados fueran puestos en libertad libres de cargos.
A principios de esta semana, los legisladores aprobaron un proyecto de ley de amnistía para delitos relacionados con las protestas. El gobierno dice que la amnistía busca la «reconciliación de la sociedad» y que vendrán más liberaciones. La Unión Europea había amenazado con aplicar sanciones al país nicaragüense si el gobierno de Ortega no liberaba a los presos antes del 18 de junio.
Los líderes de la oposición, y desde la ONU, afirman que la medida perdonaría los asesinatos y otros abusos cometidos por la policía y las milicias civiles en favor del gobierno durante la represión contra los manifestantes de unas protestas que estallaron en abril de 2018 cuando el presidente, Daniel Ortega intentó recortar beneficios de asistencia social. En los incidentes murieron al menos 325 civiles y más de 2.000 resultaron heridos. Más de 60.000 nicaragüenses se han exiliado en los últimos 14 meses.
La ley extiende las protecciones a “personas que no han sido investigadas, que se encuentran bajo investigación” o en procesos penales y que “cumplen con sus sentencias”, según el texto. También prohíbe a los presos políticos liberados lanzar nuevas protestas contra el gobierno.
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