María del Carmen Alemany Panadero: Trabajadora social y periodista. Con experiencia en medios de comunicación y en el trabajo directo con personas en situación de desventaja social, aporta una mirada crítica a la situación de los colectivos con los que ha trabajado y da voz a las personas más vulnerables.
Muchos menores llegan a Europa todos los años completamente solos. Son niños y niñas que emprenden un largo trayecto en solitario a través de varios países, sin contar con la compañía y la protección de un adulto. Buscan el sueño europeo, una vida mejor, un futuro, enviar dinero a su familia o huir de la guerra y la persecución en sus países de origen. Estos niños son vulnerables a caer en manos de las mafias o de ser víctimas de explotación sexual, redes de tráfico de órganos o de drogas o redes de trata de personas. Miles de niños y niñas han desaparecido en suelo europeo, sin que las autoridades parezcan inmutarse.
Missing Children Europe, una red formada por 30 ONGs para la protección de menores desaparecidos, señala que muchos menores huyen de los centros para encontrarse con familiares o para llegar a un país concreto y no se vuelve a conocer su paradero. Estos menores son vulnerables a caer en manos de las mafias o redes criminales. Esta organización ha puesto en marcha la línea telefónica 116000 para localizar a niños desaparecidos o solicitar ayuda.
65.000 menores pidieron asilo en Europa en 2017. Uno de cada nueve está desaparecido, según datos de Unicef. En Italia 5.828 niños desaparecidos, según Save the Children, en Suecia 1.829 y en Alemania 4.749 según la fundación PorCausa. En España, no hay datos globales, pero sólo en 2016 se registró la desaparición de 825 menores. Las autoridades europeas admitieron en 2016 la desaparición de 10.000 niños en territorio de la Unión.
Save the Children en su informe Los más solos explica las largas rutas que recorren estos niños atravesando varios países africanos, en un viaje que puede durar meses o años, confiando sus vidas a traficantes. Estos niños sufren una situación de riesgo prolongada. Muchos de ellos desaparecen por el camino o tras su llegada a Europa, víctimas de redes de tráfico de órganos, trata de personas o venta de menores.
Por otro lado, Save the Children denuncia que el sistema de acogida español no protege a estos niños y prioriza el control de fronteras sobre su bienestar y seguridad. En muchos casos la Fiscalía de Menores duda de la validez de su documentación, y se les realiza una prueba de determinación de la edad. Esas pruebas tienen un margen de error muy elevado (de 1,7 años, según algunos expertos), y si el resultado determina que el joven es mayor de edad, se les deja en la calle, sin protección de ningún adulto, sin hogar ni derecho a la educación. Algunos acuden a albergues para personas sin hogar, otros terminan en un CIE como si fueran mayores de edad, y muchos viven en las calles de Melilla, Ceuta, Madrid o Barcelona.
La Fundación Raíces denuncia el limbo jurídico en el que se encuentran estos menores. Por un lado, se les niega la condición de niño y se les deja en la calle, sin educación ni protección. Por otro lado, su pasaporte determina que son menores de edad, por lo que tampoco pueden acceder al mundo laboral, ni refugiarse en un albergue de adultos, ni tener acceso a la Sanidad. Estos menores que caen en ese limbo quedan expuestos a caer en las manos de mafias o redes criminales.
El Tribunal Supremo dictó jurisprudencia en 2014 y prohibió estos exámenes de determinación de la edad cuando los menores tienen documentación válida de sus países. Sin embargo, las ONG denuncian que no se está cumpliendo esta sentencia. La Fundación Raíces interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Protocolo Marco del Gobierno que permitía estas pruebas, pero el Tribunal Supremo no lo ha admitido a trámite, considerando que se trata de una instrucción interna sin carácter normativo. Actualmente, esta organización está estudiando interponer un Recurso de Amparo al Tribunal Constitucional y/o acudir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas.
En un artículo de El Diario de febrero de 2016, se recoge la historia de Mikel, un adolescente que llegó de Nigeria con 16 años como polizón. El joven comenta: “Presenté mi partida de nacimiento y me dijeron que no valía, me hicieron unas radiografías que dijeron que era mayor de edad y me echaron del centro de menores”. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona terminó reconociendo el error, y se admitió que Mikel era menor cuando llegó a España. Pero esta sentencia llegó tarde, pues el joven ya había cumplido 18. Mikel quedó en la calle siendo menor de edad. Actualmente ha conseguido trabajo y reside en un piso compartido.
Por otro lado, la Fundación Raíces expone el siguiente caso:
“M. B. es una niña de 16 años, víctima de agresiones e intento de matrimonio forzoso en su país que salió huyendo y a su llegada a España, en Barajas fue identificada por la policía como menor de edad en situación de desamparo, solicitante de asilo y, como tal, fue derivada al sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid. 2 meses después, desde el Centro de Primera Acogida de menores, la menor fue conducida a la Fiscalía de Menores para iniciar el procedimiento de determinación de su edad y allí fue sometida a un desnudo integral ante el médico forense para exploración de sus genitales y a una radiografía de la muñeca y de la boca en el Hospital que, habiendo dado como resultado ser menor de edad, sin embargo ha sido convertida en Mayor de edad con un Decreto de Fiscalía, siendo por ello expulsada a la calle desde el Centro de menores que la acogía”.
Resulta increíble que en la Unión Europea tengamos tal cantidad de niños desaparecidos y de “niños de la calle”, sin que cuenten con protección suficiente. En Madrid un grupo de menores estuvieron durante meses viviendo en el Parque de Isabel Clara Eugenia de Hortaleza. Algunos de ellos no alcanzaban los 14 años. Actualmente se hallan en paradero desconocido. Han pasado de ser “niños de la calle”, los excluidos del sistema, a formar parte de los niños perdidos de Europa. Entre 100 y 200 menores viven en las calles de Melilla, tratando de embarcar hacia la Península (“hacer risky” como lo denominan ellos), sin acceso a educación, sanidad ni protección. En Ceuta la situación es similar, calculándose una cifra de entre 60 y 100 niños que viven en las calles.
Diversas organizaciones han denunciado esta situación. Prodein, Save the Children, Fundación Raíces, Asociación Harraga, y otras. Estas entidades exigen la acogida e integración de los menores, ofrecer protección y acompañamiento y el cumplimiento de la legalidad nacional e internacional que obliga al Estado español a la protección del menor.
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