El Open Arms trabaja para volver al mar tras su liberación

Open Arms

el DiarioSolidario

El Open Arms ha recibido la autorización para hacerse nuevamente al mar. El magistrado de Agrigento, Stefano Zammuto, dio el visto bueno tras haber recopilado los elementos necesarios para la posterior investigación por prevaricación y secuestro de personas. Desde la organización han asegurado que volverán al mar en breve y que no tienen intención de volver a España, de momento. El equipo y tripulación trabajan en la actualidad para reparar los aspectos técnicos detectados en la inspección.

La retención provisional de la embarcación había sido solicitada por el Fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, después de ordenar el desembarco inmediato al comprobar que todas las personas a bordo estaban en unas condiciones físicas y psicológicas extremas como consecuencia de haber estado 19 días en el barco ante la imposibilidad de desembarcar en un puerto seguro.

Pese a que el juez ha corroborado el secuestro dictado por el fiscal Luigi Patronaggio en el marco de la investigación abierta contra la Administración italiana por no haber permitido el desembarco, el letrado ha ordenado la devolución del buque a la ONG ya que «no subsisten, tras la evacuación y el rescate de los migrantes, exigencias probatorias» puesto que «no se atribuye ninguna responsabilidad a la organización y la tripulación».

Obligación de salvar vidas

“Consideramos que esta sentencia sienta un precedente y pone de manifiesto la necesidad del cumplimiento obligatorio de las convenciones internacionales y el derecho marítimo para proteger la vida y la dignidad de las personas en las condiciones más vulnerables”, aseguran desde la ONG..

Desde Open Arms han querido resaltar que según el auto del magistrado: «la obligación de salvar vidas en el mar es un deber de los estados y prevalece sobre las reglas y acuerdos bilaterales destinados a combatir la inmigración irregular; los convenios internacionales sobre la materia, a los que se ha adherido Italia, constituyen, de hecho, un límite al poder legislativo del Estado, de conformidad con el art. 10, 11 y 117 de la Constitución. Y por lo tanto no puede ser objeto de una excepción a las evaluaciones discrecionales de la Autoridad política, situándose en un nivel jerárquico más alto que la fuente primaria».

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Desde la ONG, reiteran que “siempre hemos operado y todas nuestras acciones se han realizado conforme a la ley y los convenios internacionales en la materia; especialmente la Convención de Derecho del Mar, el Convenio SAR y los Convenios de Derechos Humanos. Exigimos que los estados europeos protejan las vidas de mujeres, hombres, niñas y niños y que respeten los convenios internacionales y las Constituciones”.

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