el DiarioSolidario
Un grave retroceso en la universalidad del derecho a la salud en Andalucía. Una amenaza que restringirá el derecho a la atención sanitaria de miles de personas. De esta forma han valorado el acuerdo de investidura entre Partido Popular y VOX, la Red de Denuncia y Resistencia al real decreto ley 16/2012, REDER.
La plataforma denuncia que “ambos partidos convienen en apoyar documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de control migratorio. Se pretende así abrir la puerta a que desde la Consejería de Salud se pueda compartir con la Policía Nacional la información relativa a las personas en situación irregular registradas como usuarias del servicio andaluz de salud, con el fin de proceder a su expulsión.
Desincentivar el uso de los servicios sanitarios rompe con el principio de prevención que debe informar el sistema, poniendo en serio riesgo la salud individual y colectiva.
El colectivo compuesto por más de 300 organizaciones sociales ha alabado la decisión del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía, quien ha dejado claro que la función del personal sanitario es atender a las personas y nada tiene que ver con el control migratorio, comprometiéndose en consecuencia a no identificar a nadie por su estatus administrativo.
Exclusión sanitaria
La equiparación entre turismo sanitario e inmigración irregular es una confusión, sin duda interesada por parte de VOX y PP. El perfil de turista sanitario es el de una persona de edad avanzada, con recursos y habitualmente de nacionalidad europea que acude a España atraída por la alta calidad de su sistema sanitario con el fin primordial de ser atendida, afirman.
La presunción de abuso del sistema por parte de migrantes obedece a motivaciones xenófobas que estigmatizan a un grupo de población que, tal y como demuestran diversos estudios, realizan un uso de los servicios sanitarios ostensiblemente inferior al que hacen las personas nacionales.
Resulta desolador observar como una de las primeras comunidades en plantar cara a la exclusión sanitaria en 2012, apostando por mantener la integridad y solidaridad de su sistema de salud, puede ahora virar hacia una política regresiva en derechos que ha demostrado ser devastadora en términos humanos y de gestión sanitaria. La Universidad Pompeu Fabra que constata un incremento de hasta el 15% en la mortalidad de la población migrante en situación irregular como consecuencia de la exclusión sanitaria, resaltan desde REDER.
Respeto marco legal
Asimismo, diversas investigaciones, como la realizada por el Observatorio Vasco de la Inmigración – Ikuspegi en 2015, demuestran que las personas migrantes aportan a la economía del país y al mantenimiento del Estado Social más de lo que reciben a cambio, en un sistema sanitario que se financia vía impuestos.
Desde REDER, además de condenar el acuerdo, instan a las autoridades políticas y sanitarias de la comunidad andaluza a respetar el marco legal establecido en el Real Decreto-Ley 7/2018, que reconoce a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas, el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos recogidas en los acuerdos y tratados de los que España es parte.
Sobre REDER
REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento. Actualmente forman parte de REDER más de 300 organizaciones sociales y profesionales como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Médicos del Mundo, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, la Plataforma Salud Universal Aragón; la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT); la Rede Galega en Defensa do Dereito á Saúdade; la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia; la Plataforma “Ciudadanía contra la exclusión sanitaria”; la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FDASP), la Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Perú (ARI-PERÚ) o la Red Transnacional de Mujeres (NetworkWoman).
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