el DiarioSolidario
El Tribunal Supremo ha ratificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), e impide así el acceso gratuito a la atención sanitaria a una mujer de nacionalidad cubana reagrupada legalmente por su hija. Esta sentencia anula la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se declaraba su derecho a la atención sanitaria. Tal y como han hecho otros tribunales superiores de diferentes comunidades autónomas para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud universal a las personas reagrupadas legalmente en España.
“La sentencia supone la constatación de que la actual normativa sobre universalidad, el RD7/2018, no garantiza de manera absoluta la protección de todas las personas extranjeras que residen en España. Esta decisión ahonda en la exclusión sanitaria de las personas reagrupadas legalmente en España y da la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Garantizar la sanidad universal significa que todas las personas que residen en España, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa, disfruten de su derecho a la salud, sin ningún tipo de trabas” asegura la responsable de derechos económicos, sociales y culturales en Amnistía Internacional España, Marta Mendiola.
Regresión
“La sentencia describe claramente cómo en 2012 se produjo una regresión en el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria. Situación que no ha sido plenamente revertida por el Real Decreto-Ley 7/2018, particularmente en lo que respecta a las personas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar. Esto evidencia que el tan anunciado regreso de la sanidad universal dista aún de ser una realidad para muchas personas que viven en España» declara el presidente de Médicos del Mundo y portavoz de REDER, José Félix Hoyo.
“La sentencia recoge los argumentos del INSS, que más de 80 jueces han desmontado. Las familias quedan en una situación de inseguridad jurídica, sanitaria y vital grave, que se inició con la reforma del PP y que el decreto del PSOE no ha revertido. Nos acogemos al voto particular y al criterio de los jueces de lo social y continuaremos la vía jurídica, pues las familias no pueden permitirse dejar de luchar por su derecho a la asistencia sanitaria”, destaca la portavoz de Yo SÍ Sanidad Universal, Marta Pérez.
Organizaciones como Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) y Yo SÍ Sanidad Universal instan al nuevo Gobierno a que en la próxima legislatura corrija las lagunas de desprotección que contiene el Real Decreto 7/2018 y reforme la Ley de extranjería garantizando una verdadera y efectiva universalidad en el acceso al derecho a la salud.
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