Sanidad universal el España: la exclusión sanitaria persiste

el DiarioSolidario

El esperanzador retorno a la cobertura sanitaria universal aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio pasado está en punto muerto. Cada comunidad autónoma sigue aplicando la ley de manera distinta y eso da lugar a diferencias significativas entre ellas. Por eso, las organizaciones agrupadas en REDER piden al Ejecutivo que su celebrada medida para asegurar que todas las personas que viven en España tengan acceso a la sanidad se haga realidad en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país.

Madrid y Murcia son dos de las comunidades en las que más dificultades para conseguir atención se han registrado en el último trimestre. En Galicia, aunque se ha rebajado la exigencia de empadronamiento de 6 a 3 meses, se siguen poniendo todo tipo de barreras a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla, incluso derivándoles a la sanidad privada. Unas situaciones que se producen como consecuencia de una interpretación restrictiva del nuevo RDL.

Aunque la aprobación y posterior convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley 7/2018 fue un paso muy positivo, la nueva ley no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria. Tampoco asegura la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente vulnerables, o la atención en urgencias.

Aclarar estas y otras situaciones exige la aprobación por parte del Ejecutivo del Reglamento que desarrolle el RDL 7/2018. El retraso en hacerlo ha provocado cinco problemas fundamentales:

-La existencia de 17 coberturas sanitarias distintas, una por cada comunidad autónoma. Cada una de ellas exige además distintos requisitos de acceso.

-La barrera del empadronamiento: la mayoría de las CCAA exigen hoy en día 3 meses de empadronamiento para poder acceder al sistema sanitario público, cuando ese requisito no figura en la ley. Esta es una cuestión a menudo insalvable, agravada en lugares como Melilla, donde el acceso al padrón está condicionado a que la persona se encuentre ya regularizada.

-La ley no especifica que los colectivos más vulnerables recibirán atención en cualquier circunstancia. Hablamos de embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias. Al no explicitar esta garantía, algunas comunidades autónomas están pidiendo pagos por atención sanitaria a menores de edad y embarazadas, amparándose en una interpretación restrictiva de la norma.

-Los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud son a menudo imposibles de cumplir. Incluso se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable.

-Las personas ascendientes reagrupadas –madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso perfectamente legal- siguen sin recibir la tarjeta sanitaria. Se encuentran en un círculo vicioso, porque ni consiguen atención pública ni privada, puesto que por su edad y sus enfermedades crónicas ningún seguro les cubre. A pesar de que la Justicia ha dado la razón a las familias afectadas, la exclusión persiste.

Con esta información, es evidente que el Gobierno no puede aplazar más la adopción del Reglamento que armonice la aplicación del RDL en todo el territorio, garantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas independientemente de su situación administrativa o su comunidad autónoma de residencia.

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