Save the Children insta al Gobierno a autorizar la salida de adolescentes tutelados

Adolescentes tutelados salidas

el DiarioSolidario

Save the Children insta al ministerio de Sanidad a regular las salidas de niños, niñas y adolescentes tutelados a través de una nueva orden o instrucción por la que se establezcan unos criterios interpretativos mínimos para las comunidades autónomas

Según los últimos datos oficiales, en España hay actualmente un total de 21.283 menores de 18 años que viven en centros de protección de menores, centros habitacionales sociales de apoyo para personas con discapacidad u otros servicios residenciales análogos. 

La organización expresa su preocupación dado que este colectivo, especialmente vulnerable, no pueda ver su derecho a la salud física y mental satisfecho de la misma manera que los menores que viven en familia.

“Si se lleva a cabo una interpretación demasiado estricta se podría producir la discriminación de niños, niñas y adolescentes, quienes ya vivían con anterioridad al confinamiento en una situación de gran vulnerabilidad”, subraya la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

Situación crítica

La ONG también destaca que “la situación crítica en la que se encuentran muchos de estos centros, con un limitado acceso a medidas de protección, con dificultad para adaptarse a las necesidades tecnológicas que permitan seguir a los tutelados con su educación. Así como el aumento de situaciones de tensión debidas al confinamiento.

Ante esta situación, piden que se permita la salida a todos los niños y niñas tutelados –inclusive los mayores de 14 años–. Recomiendan que sean distribuidos en grupos pequeños para poder gestionar mejor la salida, que se garantice que haya un acompañante por cada grupo –preferiblemente, un adulto de referencia con el que convivan o mantengan un contacto habitual– y que se identifiquen espacios públicos cerca de los centros para realizar las salidas.

Asimismo, plantean que se valore la posibilidad de que los jóvenes puedan ver a algún miembro de sus familias, ya que en muchos casos las visitas llevan interrumpidas desde la declaración del estado de alarma.

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 “Estas salidas, que responden a la necesidad de atender a la salud física y emocional de estos niños y niñas, no se pueden convertir en un motivo de conflicto con las comunidades y barrios en los que se encuentran estos centros”, concluye Perazzo.  

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