Roberto Gómez Prol: Licenciado en Periodismo. Máster en Comunicación Corporativa. Redactor y community manager. Voluntario en diferentes proyectos sociales, banca ética y culturales.
El Aita Mari lleva en condición de amarre forzoso casi un mes en el puerto de Palermo acompañado por su compañero de viaje de rescate humanitario, el Alan Kurdi. Las autoridades italianas han decidido que las deficiencias técnicas de ambas embarcaciones hacen imposible su salida al mar. Una inspección que rebaten desde la ONG Salvamento Marítimo Humanitario por la categoría aplicada al barco y porque a principios de abril recibieron el visto bueno de las propias autoridades italianas, quienes no habían encontrado ningún problema técnico o documental en la embarcación.
La libertad con cargos asfixia la independencia para retornar a casa del barco vasco, pero también su situación económica: la ONG se enfrenta a un coste económico de 1000 euros diarios que la ponen en dificultades.
“Esta situación también forma parte de la estrategia que tiene Europa marcada en este sentido. El Covid-19 le ha venido como anillo al dedo, y lo está utilizando para dificultar en lo máximo posible la situación. Es más, no hay ningún barco en este momento en el mar, estamos todos en puerto”, denuncia el vicepresidente de Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Gutiérrez.
Apagón informativo
La vulneración de los derechos humanos en la zona SAR es más patente ante el nuevo escenario donde los barcos humanitarios han desaparecido de las cartas de navegación: “si la situación anterior era dura ahora es catastrófica. Hay un apagón informativo total sobre la zona, apenas salen noticias; está habiendo llegadas de embarcaciones por sus propios medios a Lampedusa. En un fin de semana llegaron 400 personas. El problema es ¿cuántas se han quedado en el camino? Nadie lo sabe”, lamenta Iñigo Gutiérrez.
En la segunda semana de abril, la ONG Salvamento Marítimo Humanitario tomó la difícil decisión de elevar anclas y partir del puerto de Siracusa en Sicilia y volver a Pasaia. “La decisión fue muy dolorosa, pero debido a la situación del Covid-19, no podíamos tener permanentemente el barco amarrado sine díe”, asegura Iñigo Gutiérrez.
Pocos pensaban que una decisión tomada para salvaguardar la organización, se convertiría en una situación todavía más perjudicial: el Aita Mari “encarcelado a cielo abierto” por tiempo indeterminado en la vieja Palermo.
Rescate obligado
En su viaje de regreso a las aguas del Golfo de Bizkaia, el Aita Mari y su tripulación, se vieron involucrados en un nuevo rescate. Hacia las 10 de la mañana del 13 de abril, el Aita Mari localizaba una patera con 43 personas a bordo a 53 millas náuticas de Malta (aproximadamente 100 kilómetros). “Intentamos por activa y por pasiva que las autoridades se hieran cargo del rescate. Está todo grabado, documentado, las conversaciones, los emails con centros de coordinación de Malta e Italia, (todo), y se negaron. Ante esta situación, el Aita Mari cumplió la ley; ir y hacer el rescate”, detalla Iñigo Gutiérrez. Tras la autorización desde Malta se culminó el mismo. Eran las 17:30 de la tarde.
“Si ha habido un rescate en la zona de Libia que ha sido de manual de navegación, de los de estudiar en una escuela, ha sido éste. Y el premio a todo esto, es lo que nos está pasando ahora.”
Llama poderosamente la atención que el 9 de abril, se denunció el ataque por parte de la Marina maltesa a una patera. Según recogen los supervivientes, la patrullera, identificada con el número P52, se aproximó hasta ellos y cortó el cable del motor para evitar su entrada en aguas del país. El incidente lo publicó el New York Times. Las autoridades del país confirmaban posteriormente el rescate de la embarcación, sin hacer mención a la denuncia correspondiente, y anticipando que debido al Covid-19, “no podría garantizar los rescates en el mar”.
Asimismo, días más tarde, las Fuerzas Armadas de Malta supuestamente rechazaron a punta de pistola un barco que transportaba migrantes desde sus aguas, después de darles combustible y las coordenadas GPS para llegar a Italia. Otra de las denuncias apunta al uso, por parte del gobierno maltés, de embarcaciones privadas, a instancias de sus fuerzas armadas, para interceptar las embarcaciones de migrantes y devolver a los refugiados a los centros de detención libios.
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Después de nueve días en el mar, las 34 personas que todavía quedaban a bordo del Aita Mari podían embarcarse en el ferry Raffaele Rubattino para poder pasar la cuarentena conjuntamente con los ciudadanos rescatados por el Alan Kurdi. En total, eran 183 personas. El 19 de abril el Aita Mari se dirigía a puerto, y al día siguiente se produjo el desembarco. Posteriormente, y siguiendo las recomendaciones de la entidad portuaria, se les obligó a realizar 15 días de cuarentena fondeados a tres millas de Palermo.
Inspección y «confinamiento» del Aita Mari
“En la víspera de cumplir con la cuarentena, se nos comunicó que teníamos que dirigirnos a puerto, porque las autoridades italianas querían hacer la prueba del Covid-19 a toda la tripulación y nos obligaban a realizar una desinfección del barco. Cuando llegamos a puerto, nos encontramos que ya no iba a ser una limpieza lo que se iba a hacer en el barco, sino una inspección”, comenta Gutiérrez.
Para sorpresa generalizada se desplazaron desde Roma inspectores ex profeso para hacer las inspecciones del Alan Kurdi y del Aita Mari. No dejaron realizar las inspecciones a los inspectores de las capitanías, en este caso correspondería a la de Palermo. “Lo miraron todo, empezaron a las 12 mañana y a las 20:30 estaban en el barco. Han cuestionado hasta cómo el capitán registraba en el cuaderno de bitácora ciertos datos que no les parecía bien”.
“Este equipo nos aplicó una inspección que no corresponde con la categoría del Aita Mari».
«El problema está en que a nosotros ahora nos aplican la categoría Solas; una serie de requisitos que tienen que tener los barcos a partir de una fecha de construcción, tonelaje y caballos de motor, que te obliga a tener una serie de equipamientos en el barco. Como se nos está aplicando una normativa que no nos corresponde, nos informan, dentro del listado de anomalías, que no disponemos de una planta de tratamiento de aguas fecales. Nuestro barco no tiene por qué tenerla y además no dispondríamos espacio para su instalación. Si deberíamos incluirlo en el barco, nos inutilizaría toda la bodega carga para poder meter toda la maquinaria”, detalla el vicepresidente de la organización.
Documentación en regla
Entre las deficiencias reales identificadas por los inspectores y aceptadas desde la organización, se encuentra la desviación en una aguja magnética que comparte bitácora. “Una deficiencia que se produce en todos los barcos cuando se usa, y es que la aguja magnética de la bitácora del barco tenía dos grados de desviación. Un desajuste habitual por el uso. Una falta que la asumimos como correcta y que ya tenemos corregida”, asegura Iñaki Gutiérrez.
Desde Salvamento Marítimo Humanitario quieren hacer hincapié en el hecho de que “el barco está modificado y desarrollado con un proyecto firmado por un ingeniero naval. Por el lado técnico, cuenta con todas las garantías. El Aita Mari dispone de todos los permisos de navegación de la marina española a la cual pertenece. Cuando salimos de Pasajes, llevábamos toda la documentación en regla. Habíamos pasado una inspección muy exhaustiva, se nos hizo realizar modificaciones que en anteriores inspecciones se habían dado por buenas; cumplíamos por tanto con toda la legalidad al pabellón al que pertenecemos”, aseguran desde la organización.
Hace unos días, el presidente de la ONG Iñigo Mijangos, llegaba a Palermo, con una serie de equipamientos extras que se han instalado en el barco. La organización, trabaja, asimismo, con la Dirección General de Marina Mercante española para subsanar los problemas. Ahora esperan una nueva inspección, pero desconocen la fecha.
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Nuestra situación es más que complicada
El tener el barco amarrado, lleva ya casi un mes en Palermo, tiene un coste de mil euros diarios para la organización. Ante la difícil pregunta de si la ONG se verá obligada a abandonar al Aita Mari, el vicepresidente responde pausadamente: “Estamos trabajando sobre la hipótesis de que las autoridades italianas se cierran en banda y no podamos partir. ¿Qué podríamos hacer? La verdad es que se nos complica exponencialmente. Nosotros somos una micro ONG; la junta de la asociación somos siete personas, la masa social de voluntarios son 400, y contamos con otras 10 personas que trabajan en el día a día de la organización. Tenemos el proyecto de Quíos en marcha con los médicos allí, con el requerimiento de materiales y personal humano. Nuestra situación es más que complicada”.
Pese a la interpelación realizada directamente a varios ministerios del Gobierno español, no ha habido intermediación política más allá del apoyo del Gobierno vasco. Las organizaciones también pidieron la movilización social, a través de recogida de firmas y apoyo económico, pero la reacción es muy tímida debido principalmente al Covid-19.
“Nosotros no estamos defendiendo los derechos de las personas que rescatamos, estamos defendiendo los derechos de todos”, asegura Iñigo Gutiérrez, quien invita a la ciudadanía a participar en la campaña. Mientras, el Aita Mari y el Alan Kurdi siguen amarrados por unas leyes italianas con sabor a salitre europeo, las personas que huyen de un pasado de violencia y abusos continúan subiéndose a superficies de goma, que ahora más que nunca, marcan un rumbo a ninguna parte.
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