
el DiarioSolidario
Las autoridades chinas emplean una aplicación móvil para la vigilancia masiva ilegal y la detención arbitraria de musulmanes en la región occidental de Xinjiang en China, ha denunciado Human Rights Watch en su informe:“‘China’s Algorithms of Repression’: Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App”. “‘Algoritmos de represión en China’: la ingeniería inversa de una aplicación de vigilancia masiva de la policía en Xinjiang”.
En el marco de la «Campaña de Mano Dura», las autoridades de Xinjiang han recopilado datos biométricos, incluidas muestras de ADN, huellas dactilares, escáneres de iris y grupos sanguíneos de todos los residentes de la región de 12 a 65 años. Se exige que los residentes den muestras de voz cuando solicitan un pasaporte. Todos estos datos son agregados a bases de datos gubernamentales centralizadas e indexadas. A pesar de que los sistemas de Xinjiang son especialmente intrusivos, su diseño básico es similar a los que la policía está planeando e implementando en toda China.
El trabajo realizado por la organización presenta nuevas pruebas del sistema de vigilancia que controla a 13 millones de musulmanes turcos. Entre enero de 2018 y febrero de 2019, Human Rights Watch pudo ejecutar la ingeniería inversa de una aplicación móvil que utilizan los funcionarios para conectarse a la Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (IJOP, por sus siglas en inglés).
Libertad restringida
El programa policial agrega información sobre las personas investigadas a una base de datos e identifica a las que considera potencialmente una amenaza. Al examinar el diseño de la aplicación, que en ese momento estaba disponible públicamente, HRW reveló de manera específica los tipos de comportamientos y personas a los que apunta este sistema de vigilancia masiva.
La ONG descubrió que el sistema y algunos de los puntos de control de la región colaboran para formar una serie de cercos invisibles o virtuales. La libertad de movimiento de las personas está restringida en diversos grados dependiendo del nivel de amenaza que las autoridades perciban, el cual está determinado por factores programados en el sistema.
“Nuestra investigación muestra, por primera vez, que la policía de Xinjiang está utilizando información recopilada de manera ilegal sobre el comportamiento perfectamente legal de las personas, y la está utilizando en su contra”, aseguraba la investigadora principal de China de Human Rights Watch, Maya Wang. “El gobierno chino está monitoreando cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos de Xinjiang: selecciona a aquellos de los que desconfía y a estos los somete a un escrutinio adicional”.
36 perfiles de personas
Las autoridades recopilan un amplio abanico de información de ciudadanos corrientes, que abarca desde su grupo sanguíneo hasta su altura y desde su “entorno religioso” hasta su afiliación política. La plataforma policial distingue 36 perfiles para la recolección de datos. Entre ellos se incluyen personas que hayan dejado de usar teléfonos inteligentes, aquellas que no “socializan con los vecinos” y las que “recolectaron dinero o materiales para mezquitas”.
La plataforma de la IJOP rastrea a todos los residentes. Controla los movimientos de las personas mediante el rastreo de sus teléfonos, vehículos y tarjetas de identificación. Lleva a cabo un seguimiento del uso que hacen de las estaciones de electricidad y gasolina.
Las autoridades han programado la aplicación de manera que trata muchas actividades legales y ordinarias como indicadores de comportamiento sospechoso, como por ejemplo:
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Listados a evaluar
Algunas de las investigaciones consisten en revisar los teléfonos de las personas en busca de cualquiera de las 51 herramientas digitales consideradas sospechosas, entre ellas WhatsApp, Viber, Telegram y redes privadas virtuales (VPN), según Human Rights Watch. El sistema de la IJOP también supervisa las relaciones de las personas, identificando como sospechoso viajar con alguien que se encuentre en una lista de vigilancia policial, por ejemplo, o cualquier persona relacionada con alguien que haya obtenido recientemente un nuevo número de teléfono.
A partir de estos criterios, el sistema genera listas a ser evaluadas por los funcionarios para su detención. Documentos oficiales especifican que los individuos “que deberían ser detenidos, deben ser detenidos”, lo que sugiere que el objetivo es detener al máximo número de personas consideradas “poco fiables”. A continuación, esas personas se les interroga sin ningún tipo de protección procesal fundamental. No tienen derecho a asesoramiento jurídico, y a algunas se les somete a torturas y malos tratos, para lo que no reciben ningún tipo de reparación efectiva.
IJOP lo ha llevado a cabo China Electronics Technology Group Corporation (CETC), un importante contratista militar estatal de China. La aplicación de la IJOP fue realizada por Hebei Far East Communication System Engineering Company (HBFEC), una compañía que, en el momento del desarrollo de la aplicación, era totalmente propiedad de CETC. Human Rights Watch no recibió respuesta a su carta enviada a CETC y HBFEC solicitando información sobre la aplicación y el sistema IJOP.
Imponer sanciones
El gobierno chino debería cerrar inmediatamente la plataforma IJOP y eliminar todos los datos que ha recopilado de personas en Xinjiang, aseguran desde Human Rights Watch. Los gobiernos extranjeros preocupados por la situación tendrían que imponer sanciones específicas, como por ejemplo en el marco de la Ley Global Magnitsky de Estados Unidos, incluso mediante la prohibición de visados y la congelación de activos, contra el secretario del Partido de Xinjiang, Chen Quanguo, y otros funcionarios de alto nivel vinculados a los abusos cometidos como parte de la Campaña de Mano Dura.
También deberían imponer mecanismos apropiados de control a la exportación para evitar que el gobierno chino obtenga tecnologías utilizadas para violar derechos fundamentales. Los países miembros de las Naciones Unidas deberían presionar para que se envíe una misión internacional de investigación para que evalúe la situación en Xinjiang e informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, el gobierno represivo de China se ha convertido en una pesadilla para los musulmanes de Xinjiang”, señaló Wang. “Los gobiernos extranjeros deberían reconocer la necesidad de imponer controles a la exportación, sanciones específicas y mecanismos de protección para la privacidad más fuertes para evitar que estas deplorables prácticas de Beijing se propaguen por el mundo”.
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