el DiarioSolidario
La campaña “No es Sano” impulsada por diferentes ONG del ámbito de la salud y de defensa de los consumidores, han presentado al Gobierno y a los partidos políticos un documento con un paquete de propuestas sobre política farmacéutica después de la experiencia del Covid-19. El documento plantea una nueva configuración del sistema público de salud para defender el interés general y garantizar el acceso a los medicamentos, las vacunas y los diagnósticos sin poner en riesgo su sostenibilidad, así como trabajar en la transparencia.
La propuesta recoge que las vacunas y los tratamientos para el Covid-19 deben ser considerados un bien público, así como tener precios justos y asequibles para asegurar que puedan llegar a todas las personas que los necesitan. Asimismo, debe garantizarse su suministro cuando finalmente se descubran vacunas o medicamentos para el nuevo coronavirus. «La distribución no puede quedar en manos de una o unas pocas empresas, sino que será necesaria una producción y distribución a gran escala».
Suspender licencias obligatorias
Desde “No es Sano” se solicita al ejecutivo “que ponga en marcha estrategias de producción nacional y pública de medicamentos, material sanitario y diagnósticos que permitan cubrir las necesidades de la población en el caso de que fuese necesario, aprovechando los recursos propios del Sistema Nacional de Salud y otras instalaciones de la Administración Pública».
En el ámbito de la propiedad intelectual, las organizaciones reclaman que, si llegado el caso no estuviera garantizado el acceso a los nuevos medicamentos, España se plantee excepcionalmente la aplicación, entre otras medidas, de las licencias obligatorias —que consisten en suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico—. Un mecanismo recogido en los acuerdos ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y que puede aplicarse en casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.
Precios asequibles
Asimismo, la campaña recuerda que existe una enorme inversión pública en las investigaciones que se llevan a cabo sobre el Covid-19. Por ello, reclaman que los tratamientos y vacunas que resulten de estos proyectos no tengan licencias exclusivas —impidiendo así que sea solo una empresa tenga la exclusividad para su producción—, tengan limitados los derechos de propiedad intelectual y sus resultados se compartan para acelerar los avances en la lucha contra esta pandemia.
Además, resaltan las entidades sociales, «el Gobierno y otras instituciones públicas deben asegurar que en los acuerdos que se establezcan con las compañías farmacéuticas a la hora de desarrollar y producir potenciales fármacos se incluyan cláusulas que garanticen que estos tratamientos y vacunas tendrán precios asequibles y no se especulará con ellos. También, pide la creación de fondos de investigación independiente que aseguren una investigación desligada de los intereses de la industria farmacéutica.
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El documento recoge, además, otras medidas orientadas a avanzar en la transparencia entre ellos el referente a los ensayos clínicos. En concreto, reclaman más información sobre sus resultados y un cálculo, que no existe hoy en día, sobre la aportación pública que realizan los hospitales cuando ponen sus recursos (instalaciones, personal, infraestructuras, etc.) al servicio de los ensayos clínicos de las compañías.
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