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El Defensor del Pueblo Europeo ha abierto una investigación sobre las medidas y garantías que la Comisión Europea aplica para garantizar que las autoridades de Croacia respetan los derechos fundamentales en las operaciones de gestión de fronteras financiadas por la Unión Europea.
Amnistía Internacional, Danish Refugee Council, No Name Kitchen y otras organizaciones han expresado abiertamente su preocupación sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con devoluciones en caliente, violencia contra migrantes y otras operaciones fronterizas llevadas a cabo por la policía croata. Fuezas de seguridad cuyo salario podría haber sido en parte financiado por la UE, a través de fondos para la gestión fronteriza y de la migración.
En octubre, la ONG Danesa documentó una serie de palizas, torturas y un caso de agresión sexual. Un mes antes, Amnistía Internacional denunciaba que la Comisión había hecho la vista gorda ante los informes de abusos persistentes, y que no había establecido mecanismos de vigilancia para garantizar los derechos humanos.
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Abdicación de responsabilidades
«El anuncio de una investigación del Defensor del Pueblo de la UE sobre la forma en que la Comisión Europea permitió que se siguieran utilizando los fondos sin garantizar el cumplimiento de los derechos humanos es un primer paso importante para abordar estos flagrantes abusos y para que se rindan cuentas», ha afirmado la directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional, Eve Geddie.
«Al continuar financiando operaciones fronterizas y dar luz verde a la adhesión de Croacia al espacio Schengen, la Comisión abdicó de sus responsabilidades de supervisar cómo se utiliza la asistencia de la UE y envió una peligrosa señal de que las flagrantes violaciones de los derechos humanos pueden continuar sin que se hagan preguntas», denuncia Geddie.
En el contexto de la financiación de la UE, que Croacia recibe para las operaciones de gestión de fronteras, el país debería haber establecido un «mecanismo de vigilancia» para garantizar que las operaciones de gestión de fronteras cumplen plenamente con los derechos fundamentales y la legislación de la UE, aseguran desde la Oficina del Defensor del Pueblo.
Croacia recibe más de 108 millones de euros del Fondo Internacional de Migración y Asilo de la UE (AMIF). Asimismo, ha ingresado 23,3 millones de euros adicionales en concepto de ayuda de emergencia para la gestión de la migración y las fronteras desde 2017. “Las aportaciones a Croacia cubrieron en gran parte los gastos operacionales, incluidos los sueldos de las fuerzas de policía que han sido acusadas reiteradamente de devoluciones ilegales y de abusos contra los migrantes y los solicitantes de asilo”, concluyen desde Amnistía Internacional.
Investigación
El Defensor del Pueblo ha planteado una serie de preguntas a la Comisión y le ha pedido que responda antes del 31 de enero de 2021. Las cuestiones tienen por objeto establecer la naturaleza del mecanismo de vigilancia, y, así mismo, la forma en que la Comisión ha verificado que se ha establecido. En caso de que se haya creado, las preguntas tratan de establecer cómo ha verificado la Comisión su eficacia y, más en general, cómo garantiza la Comisión que las operaciones de gestión de fronteras que reciben fondos de la Unión Europea aseguren el respeto de los derechos fundamentales.
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