El método para evaluar la edad de los migrantes en España viola la Convención de los Derechos del Niño

el DiarioSolidario

El Comité de los Derechos del Niño – OHCHR de la ONU, denuncia que el sistema que emplea España para calcular la edad de los jóvenes migrantes no acompañados viola sus derechos humanos.

Según los expertos del órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de los menores por los Estados, en los catorce casos analizados por el Comité, España no efectuó el procedimiento adecuado. En base a una publicación de la Agencia de la ONU para Los Refugiados (ACNUR), la radiografía que se usa en España para precisar la edad tiene un margen de error de cuatro años.

Los miembros del Comité, compuesto por 18 expertos independientes, indicaron que se ha violado la Convención de los Derechos del Niño, en particular, en su “derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado, y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar”.

Presunción

De acuerdo con las cifras que baraja ACNUR, durante los nueve primeros meses de 2019 llegaron a España alrededor de 2.500 niños, muchos de ellos no acompañados. Por ello, el Comité destaca “la importancia fundamental de determinar la edad de todo individuo que afirma ser menor de edad, ya que condicionará si tienen derecho a protección en su calidad de niños”.

“La persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal”, y que cuando dispongan de documentos de identidad “deben considerarse válidos salvo prueba en contra, según lo reconocido por el propio Tribunal Supremo de España”, presidente del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera.

Los casos de M.B. y A.L.

En junio de 2017, M.B., un joven guineano de 17 años llegó a la ciudad de Almería, en el sur de España, cuando la embarcación en que viajaba fue interceptada por la Cruz Roja. Pese a informar de que era menor de edad, las fuerzas de seguridad lo registraron como adulto de 21 años y no procedieron a precisar su edad.

A continuación, las autoridades españolas denegaron su solicitud de asilo y retenido en un centro de internamiento para adultos extranjeros en Madrid.

Posteriormente, la Fundación Raíces, una organización que vela por defender los derechos humanos de los niños, obtuvo una copia del certificado de nacimiento de nacimiento de M.B. confirmando su minoría de edad y lo presentó ante varias instancias.

Tras pasar 52 días en el centro de internamiento obtuvo la libertad, pero no se le reconoció su condición de menor, tampoco se le designó un tutor que cuidara de sus intereses, ni se le brindó la protección a la que tienen derecho los niños de conformidad con el derecho nacional e internacional.

En otro caso, el de A.L., la policía lo arrestó en abril de 2017 cuando intentaba llegar a la costa de Almería vía marítima. A.L. informó a las fuerzas de seguridad de su condición de menor, la falta de documentación y que no viajaba acompañado.

Seguidamente se le trasladó a un hospital y los resultados de la radiografía en su mano izquierda determinaron una edad ósea de más de 19 años. La Fiscalía determinó que era mayor de edad y lo trasladó a un centro de internamiento de extranjeros para adultos donde guardias del centro le golpearon.

Al igual que en el caso de M.B., la Fundación Raíces presentó el certificado de nacimiento de A.L. en un juzgado de Almería acreditando su condición de menor, pero nunca recibió una respuesta del tribunal por lo que trasladó el su caso ante el Comité de los derechos del Niño.

Raíces ha informado de que llevan nueve casos ganados ante la ONU. La organización exige reformas para garantizar los derechos de los menores.