el DiarioSolidario
La Fundación Kidsrights ha publicado el índice KidsRights Index 2020, clasificación anual de los derechos de los niños en 182 países, con Islandia en primer lugar por segundo año consecutivo, seguida de Suiza, Finlandia y Suecia, España ocupa el puesto 86. El documento ha recogido el fuerte impacto que el Covid-19 tiene en los jóvenes desde una perspectiva educativa, programas de vacunación e incremento en violencia doméstica, entre otros, poniendo en peligro décadas de progreso.
Los países reciben puntuaciones en cinco ámbitos, entre los que se incluyen la «educación», la «protección» y el «entorno propicio para los derechos del niño». El desempeño en esta última categoría se basa en las observaciones finales adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC), y es donde España ha obtenido una puntuación muy baja que lo situaba entre el puesto 157 al 161. El Chad, Afganistán y Sierra Leona se encuentran en la parte inferior del Índice 2020. También hay grandes preocupaciones sobre el impacto de la persistente inestabilidad en países como Siria y Venezuela en lo que respecta al bienestar de los niños.
«Esta crisis hace retroceder el reloj a años de progreso en el bienestar de los niños. Sin embargo, mientras los gobiernos luchan por mantener su sistema de salud y la economía en funcionamiento, es cuestionable hasta qué punto son capaces de proporcionar y garantizar los derechos de los niños. Darle la espalda a los pequeños puede ser desastroso a corto plazo, pero más a largo plazo, tanto para la generación actual como para la futura», advierte el presidente fundador de la Organización Internacional de los Derechos del Niño KidsRights, Marc Dullaert.
Cierre de colegios
No sólo las consecuencias económicas, sino también las medidas adoptadas por las instituciones para frenar el brote de Covid-19 tienen un fuerte impacto en la infancia. El cierre de escuelas en 188 países afecta a 1.500 millones de menores, dejando a niños y niñas muy vulnerables al trabajo infantil, el matrimonio infantil y el embarazo adolescente. El aumento de la violencia doméstica durante las medidas de cierre es especialmente devastador para las niñas.
La presión sin precedentes sobre la atención sanitaria ha cerrado los programas de vacunación regulares para enfermedades como la poliomielitis y el sarampión y causará un pico de cientos de miles de muertes infantiles adicionales. Hasta ahora, la suspensión de las campañas de inmunización contra el sarampión en al menos 23 países afecta a más de 78 millones de pequeños de hasta 9 años de edad. Además, las Naciones Unidas estiman que entre 42 y 66 millones más podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la crisis de este año.
Discriminación
El Índice de Derechos del Niño también muestra cifras inquietantes en el ámbito de la «discriminación», uno de los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Más de un tercio de los países tienen la puntuación más baja posible en este ámbito, con una serie de valores atípicos negativos entre los países más industrializados. Por ejemplo, Australia ha bajado en la clasificación de 19 a 135, debido al trato que reciben los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes y a la discriminación contra los niños aborígenes, entre otros. La discriminación y estigmatización de los niños romaníes y gitanos en el Reino Unido coloca al país en el lugar 169.
En el lado positivo, Italia ha hecho progresos significativos en cuatro de las cinco áreas, en parte debido a una legislación muy mejorada, pero todavía débil. El Comité de los Derechos del Niño ha mencionado explícitamente las campañas de desprestigio contra las organizaciones que buscan y rescatan a los migrantes, incluidos los niños del Mediterráneo.
Por último, en el informe se advierte que la discriminación contra las niñas en todo el mundo sigue siendo un motivo de gran preocupación. En 91 de los 182 países estudiados, son discriminadas y no gozan de los mismos derechos que sus hermanos. En varios estados, las chicas no tienen los mismos derechos de sucesión que los niños y sufren un menor nivel de acceso a la educación y un trato desigual en la legislación.
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