Etiopía reconoce el derecho de los refugiados a trabajar y a vivir fuera de los campamentos

Etiopía Ciudadanos

el DiarioSolidario

En la actualidad Etiopía acoge a más de 900.000 refugiados – más de la mitad son niños menores de 18 años -, procedentes de países limítrofes: Sudán del Sur, Sudán, Somalia y Eritrea. Ciudadanos que debieron abandonar sus casas y formas de vida debido a la guerra y la sequía y que en la actualdiad se encuentran ubicados en los más de 25 campos de acogida existentes.

Una nueva ley que les otorgará el derecho a trabajar y a vivir fuera de los campamentos ha sido aprobada recientemente, con una amplia mayoría, por el Parlamento de Etiopía. La decisión está alineada con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, y responde a una reivindicación mundial de miles de desplazados,

Asimismo, el órgano político ha dado el visto bueno a un programa económico para potenciar la economía del país y aumentar la calidad de vida de la población residente en la nación africana, gracias a la creación de oportunidades.

A finales del 2017, una nueva política en Etiopía permitió a los refugiados documentar legalmente acontecimientos de su vida. A los desplazados se les otorgó la posibilidad de recibir certificados de nacimiento, defunción y matrimonio, una primicia histórica que les ofrecía un mejor acceso a los servicios.

Pacto Mundial sobre Migración

El Pacto Mundial sobre Migración es el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. Un acuerdo firmado por más de 160 países a finales del presente año en Marrakech, pero que no tiene carácter vinculante.

El acuerdo se estructura en torno a 23 grandes objetivos.  Recoge compromisos como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

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Los estados firmantes, se comprometían también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizar que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter «exclusivamente humanitario».

Además, los Gobiernos prometían garantizar un regreso «seguro y digno» a los inmigrantes deportados, y no expulsar a quienes se enfrentan a un «riesgo real y previsible» de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.

Estados Unidos se negó a firmar el acuerdo en la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2018.

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