MADRID, (EUROPA PRESS) –
Los grupos islamistas que operan en Burkina Faso así como las fuerzas de seguridad del país africano han cometido abusos contra la población civil, incluidas ejecuciones y asesinatos extrajudiciales, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW).
En su último informe, «‘De día tememos al Ejército, de noche a los yihadistas’: Abusos por islamistas armados y fuerzas de seguridad en Burkina Faso», ha documentado la ejecución de presuntos colaboradores del Gobierno por parte de los grupos armados islamistas y la intimidación de profesores, entre otros.
Por su parte, durante sus operaciones antiterroristas de 2017 y 2018, las fuerzas de seguridad burkinesas han perpetrado asesinatos extrajudiciales, han abusado de sospechosos bajo custodia y han procedido a realizar arrestos arbitrarios, acusaciones que según HRW el Ejecutivo se ha comprometido a investigar.
«La creciente inseguridad en Burkina Faso ha llevado a la comisión de terribles crímenes tanto por los islamistas como por las fuerzas de seguridad del Estado», ha denunciado la directora para el Sahel de HRW, Corinne Dufka. «El Gobierno debería cumplir su importante compromiso de investigar los presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad y los islamistas armados deberían dejar de atacar y amenazar a la población civil», ha reclamado.
Desde 2016, grupos armados islamistas como Ansarul Islam, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y sus filiales, y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) han atacado bases del Ejército, la Policía y la Gendarmería, así como objetivos civiles en el norte del país y en Uagadugú, la capital, dejando decenas de muertos y al menos 12.000 desplazados.
En virtud a los testimonios recabados por HRW entre febrero y marzo de este año, la ONG ha conseguido documentar la ejecución de 19 hombres de doce localidades por grupos islamistas, después de que estos acusaran a las víctimas de ofrecer información a las fuerzas de seguridad. Por otra parte, los milicianos islamistas mataron a 47 civiles en dos ataques en la capital perpetrados en 2016 y 2017.
Amenazas contra el personal educativo
Por su parte, el personal educativo ha descrito amenazas y ataques contra escuelas y profesores, incluido el secuestro de un maestro y el asesinato del director de una escuela. «El mensaje es claro: ‘No enseñéis en francés y si insistís, os asesinaremos'», ha contado un profesor a HRW. La ONG indica que las amenazas han provocado el cierre de más de 200 escuelas y dejado a más de 20.000 niños sin clase.
Entretanto, los testigos con los que ha hablado la organización han indicado que las fuerzas de seguridad han estado implicadas en al menos catorce presuntas ejecuciones sumarias y han contado que otros cuatro hombres murieron por los presuntos malos tratos que sufrieron bajo custodia. En dichos abusos han participado tanto soldados, como gendarmes y, en menor medida, policías.
Muchos de los testigos han contado a la ONG que han visto cadáveres, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas, en las carreteras en el norte del país. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron vistas por última vez bajo custodia de las fuerzas de seguridad burkinesas, ha precisado HRW.
Líderes comunitarios han indicado que las fuerzas de seguridad parecen detener a hombres al azar que coincide que están en las proximidades de los lugares donde se han producido ataques islamistas y aunque muchos son liberados tras la investigación preliminar, numerosos de ellos han sido maltratados y cuatro han muerto bajo custodia.
El Gobierno se compromete a investigar
Según ha contado HRW, el pasado 9 de mayo envió una carta al Gobierno burkinés detallando los principales hallazgos del informe y sus recomendaciones. El 15 de mayo, el ministro de Defensa, Jean-Claude Bouda, respondió por carta asegurando que el Ejecutivo seguiría las recomendaciones formuladas.
En la carta, recogida por HRW en su comunicado, el Gobierno se compromete a «realizar investigaciones de todos los casos de abusos citados» de los que no tenía constancia con antelación, al tiempo que reconoce estar al tanto de algunas denuncias de abusos contra civiles durante las operaciones antiterroristas.
HRW considera que los compromisos del Gobierno burkinés son «alentadores» y espera que los lleve a la práctica de forma integral y transparente, adoptando medidas concretas para evitar abusos en un futuro. «La lógica de asesinar y maltratar a sospechosos en nombre de la seguridad solo fomentará y agudizará la inseguridad en Burkina Faso», ha advertido Dufka.
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