el DiarioSolidario
Cuatro de cada diez familias tendrán dificultades para comprar regalos estas navidades y un 35% para celebrar una comida o cena especial. Además, en uno de cada tres hogares con menores será difícil comprar ropa de abrigo para el invierno. Una pequeña muestra del impacto social y económico de la pandemia entre la infancia más vulnerable.
El Covid-19 afecta gravemente a las familias más pobres -ingresos inferiores a 900 euros- con menores a cargo: el 85% de estos hogares ha visto caer su nivel de ingresos, frente al 35% de los hogares sin hijos, y un 57% se han visto castigadas por la pérdida de empleo. “Después de 12 años trabajando como camarera de piso, he perdido el trabajo por la pandemia y no pude seguir pagando el alquiler. Ahora comparto piso con una amiga”, cuenta Maricela de 39 años que vive en Barcelona con su hija de seis años, en uno de los testimonios recogidos por Save the Children.
La encuesta “El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables” visibiliza las consecuencias del Covid-19 en las familias más débiles de cara al período festivo. Más de 170.000 hogares han sufrido cortes de suministros básicos. Más de la mitad de los hogares con niños y niñas en pobreza severa tiene problemas para hacer frente a los gastos de alimentación a nivel familiar.
Impacto del Covid-19 en la infancia vulnerable
“Esta encuesta nos vuelve a demostrar que la infancia es la que más está sufriendo los impactos de la pandemia. Son especialmente preocupantes los cortes de suministros básicos en los hogares de estos niños y niñas, y vemos que el Ingreso Mínimo Vital no está siendo capaz de dar respuesta a las diversas situaciones de emergencia social que estamos viendo”, señala el director general de Save the Children, Andrés Conde. La encuesta muestra que solo un hogar de cada tres de los que lo han solicitado (31%) ha tenido acceso al Ingreso Mínimo Vital.
Para luchar contra la pobreza infantil, la ONG pide cambios en los criterios de acceso del IMV ya que perfiles de una ciudadanía vulnerable como las familias que están en situación de irregularidad o jóvenes extutelados se quedan actualmente fuera de esta ayuda. También consideran fundamental igualar la prestación, al menos con el umbral de pobreza severa. La decisión supondría un coste de 320 millones de euros y haría del “IMV un instrumento más efectivo de lucha contra la pobreza”, según argumentan.
Asimismo piden la recuperación de la prestación por hijo a cargo, la única ayuda no contributiva a la crianza que existe en nuestro país. Del mismo modo, y con el objetivo de garantizar un acceso al suministro energético por parte de todas las familias en situación de vulnerabilidad, pide que se encuentren fórmulas más flexibles de acceso al bono social, así como la prohibición de cortes de suministro.
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