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El Ingreso Mínimo Vital con un mejor diseño y mayor inversión, podría cubrir a toda la población que actualmente vive en situación de pobreza severa, alrededor cinco millones de personas, afirma Oxfam Intermón en el aniversario de la medida.
La organización señala en el informe “Armando el puzle” que los fallos en su diseño e implementación lo convierten en una herramienta con limitado impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad en España.
La ONG estima que 1,56 millones de personas que viven en situación de pobreza severa no pueden acceder al IMV por no cumplir con los requisitos establecidos.
“Es necesario que ninguna familia en situación de necesidad se quede sin protección, y en estos momentos hay en España 597.000 hogares sin ningún tipo de ingreso”, remarca la responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón, Liliana Marcos.
Partida insuficiente
La previsión de gasto en IMV para este año es del orden de 1.500 millones de euros. Una cantidad cinco veces menor de la necesaria para acabar con la pobreza severa dado el impacto de la Covid-19. “La pandemia dejó sin medios de vida a miles de personas de la noche a la mañana”, explica Liliana Marcos. “Usar los datos fiscales para determinar el acceso o no al IMV hace que esta prestación sea inútil cuando llegan crisis como ésta. Para muchas familias, la pobreza no avisa”.
Existe margen para subir los umbrales de acceso, gastar más y llegar a más hogares vulnerables, porque España invierte en protección social hasta 23.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea. Para superar la brecha, la entidad pide hacer frente a la brecha fiscal que separa a España 5,7 puntos de la media europea en recaudación, y que impide no sólo reducir la pobreza, sino la desigualdad (España es el quinto país más dispar de la Unión Europea).
Comunidades autónomas
Las rentas mínimas de inserción otorgadas por las Comunidades Autónomas tienen que complementar al Ingreso Mínimo Vital en servicios y prestaciones en función de las necesidades de las familias en los distintos territorios. El 42% de las personas en situación de pobreza severa en Andalucía, el 37% en Valencia o el 30% en Cataluña están excluidas tanto de las rentas mínimas como del IMV.
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Las comunidades autónomas dedicaron en 2019 algo más de 1.600 millones de euros a las rentas mínimas autonómicas. “Lo que pedimos es que no reduzcan su inversión, sobre todo antes de que se logre desplegar el IMV plenamente. Si no, en la práctica, se sustituirá una prestación por otra, no se estarán poniendo más recursos para apoyar a las familias que lo necesitan y no lograremos reducir la pobreza”, concluye Liliana Marcos.
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