el DiarioSolidario
La fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya ha confirmado la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los Territorios Palestinos Ocupados (Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza) en acciones cometidas a partir del 13 de junio de 2014 como la Guerra de Gaza, los enfrentamientos en la frontera de la franja en el 2018 y la política de asentamientos de Israel en Cisjordania. También analizará los ataques de Hamás contra civiles israelís.
Por primera vez en la historia, Israel y Hamas, serán investigados. Como era de esperar, la Autoridad Palestina ha celebrado la noticia mientras que el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, ha calificado la decisión de “antisemitismo”.
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“Cualquier investigación se llevará a cabo de forma independiente, imparcial y objetiva, sin temor ni favoritismos”, ha confirmado Bensouda. La decisión se basa en un minucioso examen preliminar de cinco años de duración. Tras garantizarse, el mes pasado, jurisdicción para juzgar los crímenes cometidos en la zona.
Israel, batalla legal
Mientras Israel se prepara para una larga batalla legal, y catalogaba la decisión de “puro antisemitismo”, la Autoridad Palestina (AP) se ofrecía para conceder cualquier asistencia para hacer justicia al pueblo palestino.
Por su parte, organizaciones sociales han aplaudido la noticia. “La investigación de la CPI ofrece a miles de víctimas de crímenes de derecho internacional la primera perspectiva auténtica de obtener el largamente demorado acceso a la justicia, la verdad y la reparación. También brinda una oportunidad histórica de terminar finalmente con la impunidad imperante que ha provocado graves violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados durante más de medio siglo”, ha remarcado el director del Centro de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Matthew Cannock.
Por su parte, Bensouda ha llamado a la calma a las partes. “La CPI no es una panacea”, ha recordado, “sino que solo busca cumplir con la responsabilidad que la comunidad internacional le ha confiado: promover la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma, independientemente del autor, en un esfuerzo por disuadirlos”.
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