Migrantes sin nombre

María del Carmen Alemany Panadero: Trabajadora social y periodista. Con experiencia en medios de comunicación y en el trabajo directo con personas en situación de desventaja social, aporta una mirada crítica a la situación de los colectivos con los que ha trabajado y da voz a las personas más vulnerables.

994 personas han muerto en el Mediterráneo a lo largo de este año 2019, intentando alcanzar Europa. Así lo indican los últimos datos publicados por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Esto supone que casi mil personas han perdido la vida en el intento de alcanzar el sueño europeo. La vía entre Libia e Italia-Malta parece ser la más peligrosa, con 659 víctimas mortales.

Esta tragedia humanitaria no parece tener fin. Jóvenes, mujeres embarazadas, incluso menores, se embarcan en frágiles cayucos con la esperanza de construir un futuro mejor. Huyen de la pobreza, de la violencia, de la guerra y de la falta de oportunidades. Entre tanto, Europa, un continente envejecido y con unas tasas de natalidad insostenibles, se blinda ante la llegada de “los otros”. Vallas de alambre con concertinas, elevados muros, o prohibiciones de rescatar barcas a la deriva, aunque ello suponga la muerte de sus ocupantes, son algunos ejemplos.

Europa siente miedo de ese “otro” extranjero, que perciben como un riesgo para su economía y su identidad. Ante este pánico europeo, el Derecho Internacional se sortea o se ignora. Se obstaculiza el rescate de las pateras que naufragan en aguas del Mediterráneo. Prohíben su desembarco en un puerto seguro. Practican devoluciones “en caliente” y se endurecen las condiciones para la concesión de protección internacional a los solicitantes de asilo.

La obligación legal y moral de salvar vidas

Los fallecidos del Mediterráneo se convierten en apenas una cifra, sin nombre ni rostro. Muchos de los cuerpos hallados en las playas son enterrados en una tumba sin nombre. Algunas personas y entidades han creado iniciativas para dignificar a los fallecidos. Rosario, vecina de Barbate (Cádiz), pagó de su bolsillo una tumba para el niño Samuel Kabamba, cuyo cadáver fue hallado en la playa de La Zahora. Rosario ha “adoptado” el cuerpo del pequeño Samuel, y acude con frecuencia a limpiar y adecentar la tumba. Por su parte, los Ayuntamientos de Barbate, Algeciras, Rota, Arona o Tarifa destinan parte de su presupuesto de Servicios Sociales a abonar los gastos de las sepulturas de los migrantes sin nombre. Algunos vecinos se hacen cargo de arreglar las tumbas y poner flores. Personal del Centro de Atención al Inmigrante de Tarifa se acerca a limpiar las lápidas y oficiar responsos.

La obligación de asistencia a personas que se encuentren en peligro en el mar es uno de los principios esenciales del Derecho Marítimo, reconocido internacionalmente (Artículo 98 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; la Regla 33 del Capítulo V del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS); el Artículo 2.1.10 del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (Convenio SAR). La obligación legal y moral de salvar vidas es incuestionable.

El invierno demográfico y la primavera de la inmigración

Los barcos de salvamento de diferentes organizaciones (como Open Arms o SOS Mediterranée) que patrullan las aguas del Mediterráneo en busca de pateras o cayucos en peligro, no están incurriendo en ninguna infracción por salvar vidas. Cierto es que estos barcos salen a la mar específicamente para buscar posibles náufragos o personas a la deriva, pero esto no se trata de ninguna infracción tipificada en ningún código internacional. Salir a rescatar personas no es un delito. La omisión de socorro sí sería una infracción tipificada en la normativa de Derecho Marítimo.

Ante esta situación, algunos países están recurriendo a prohibir a estos barcos que salgan a la mar, obligándoles a permanecer amarrados en el puerto. Europa mira hacia otro lado mientras cientos de personas mueren en el Mediterráneo.

Europa se encuentra en una situación de crisis demográfica. El envejecimiento progresivo de nuestra población hace temer un cambio en la estructura demográfica en España y en toda Europa. Se observan graves consecuencias para la sostenibilidad del sistema de pensiones, del sistema sanitario, y del sistema de servicios sociales. En otras palabras: Europa será un continente de personas envejecidas, con pocos contribuyentes y muchos jubilados. Con el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad, el número de personas mayores de 80 y 90 años se prevé cada vez más elevado. Y con ello, aumentará la presión sobre los sistemas de protección social.

La crisis identitaria

En este contexto, la inmigración supone una nueva esperanza. Nuevos nacimientos, la llegada de nuevos niños/as y jóvenes, nueva fuerza de trabajo, nuevos contribuyentes y nuevos cotizantes. Sin jóvenes no hay futuro. Y las familias europeas no van a volver a las pautas reproductivas del pasado. Las mujeres trabajan, las familias no van a volver a tener 6 o 7 hijos como antaño. Ni siquiera con políticas natalistas o con ayudas económicas se volvería a esas cifras. El invierno demográfico está aquí.

Europa necesita la inmigración. Esta puede y debe regularse de forma ordenada, legal y humana. Además de garantizar la educación de los niños y niñas y la inserción social de las personas migrantes y sus familias. Invertir en integración, garantizar la educación de los menores. Así como prevenir el abandono escolar prematuro, y fomentar los programas de formación, empleo y vivienda social, no mejora únicamente la vida de las personas migrantes. Se trata de una inversión que genera recursos para Europa y garantiza nuestro futuro.

Pese a las evidencias de envejecimiento de la población, y a la necesidad de mano de obra extranjera, que es imprescindible en muchos sectores de nuestra economía, Europa no ha superado el miedo a la inmigración. Entre las razones, se encuentran el miedo al aumento del gasto en servicios sociales, la percepción (errónea) de que los inmigrantes reciben mas ayudas (esta percepción es equivocada, ha sido alimentada por numerosos bulos difundidos en redes sociales, y ha sido desmentida por los profesionales de servicios sociales en varias ocasiones).

No se puede poner puertas al campo

Pero sobre todo, Europa tiene miedo, mucho miedo, a la pérdida de identidad. Europa tiene miedo de perderse a sí misma, de desnaturalizarse, de dejar de ser quien es. Existe temor ante la irrupción de otras religiones y valores culturales. Existe una combinación de racismo, xenofobia, islamofobia, aporofobia, y miedo a la pérdida de la cultura europea.

Sin embargo, con la globalización, la mejora de transportes y comunicaciones, y las grandes desigualdades existentes entre países, la inmigración es una realidad que ha llegado para quedarse. No se pueden poner puertas al campo. Las personas migran, las personas de diferentes orígenes y países seguirán llegando a Europa. Las futuras sociedades van a ser multiculturales.

Ante esto, la sociedad tiene varias opciones, y podemos encontrar dos posibles escenarios. Si la respuesta de la sociedad está basada en la integración, el respeto por la diversidad, la educación y los derechos sociales para todas las personas, tendremos una sociedad de ciudadanos integrados, y con cierta cohesión social. Si optamos por respuestas basadas en el odio o en el miedo, nos encontraremos con una sociedad de marginación, exclusión, personas condenadas a la pobreza y a la delincuencia, y en el peor de los casos, con violaciones de los derechos humanos y persecuciones como las vividas en Europa en los años 40.

En nuestra mano está, como sociedad, crear un futuro u otro.