el DiarioSolidario
La ponencia “Framework principles on human rights and the environment”, presentada durante la 37 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, recoge un acuerdo marco de 16 áreas de trabajo donde los países se comprometen a garantizar un saludable, natural, limpio, seguro y sostenible medio ambiente en un contexto de derechos humanos.
La aceptación del documento traería consigo la protección de activistas y profesionales que ponen su vida en peligro para defender la tierra, el agua, los bosques y la vida salvaje. Más de 100 países disponen de políticas y leyes que reconocen la relación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, pero docenas de estados e incluso la propia Naciones Unidas, tienen que aprobar formalmente los derechos medioambientales.
Mayor implicación de Naciones Unidas
“No puede haber ninguna duda sobre la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente”, ha afirmado el Relator Especial de las Naciones Unidas en la materia, John Knox, encargado de presentar la ponencia en su último mandato. El documento es la culminación de más de cinco años de trabajo. El propio Knox sugiere una resolución del organismo internacional como mejor herramienta para incrementar la presión sobre los gobiernos para que activen leyes y políticas que apoyen a los defensores medioambientales.
Durante la presentación de la ponencia, la directora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Laila Matar, en representación de las organizaciones Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Earthjustice y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), “ha resaltado que el Consejo no está dando los pasos convenientes para proteger los derechos humanos, y les ha insistido en la necesidad de actuar ya, y reconocer el derecho a un saludable y sostenible medio ambiente.
La presión internacional en la materia ha conseguido que recientemente 24 países latinoamericanos y del caribe firmaran un pacto sobre derechos medioambientales, que una vez ratificado, obligará a los gobiernos a investigar y castigar a aquéllos acusados de asesinatos.
Honduras y Brasil
Entre los firmantes se encuentran países de dudosa reputación como Honduras, donde en 2016 fue asesinada Berta Cáceres conjuntamente con otros 14 activistas. En el mismo año, 49 ambientalistas perdieron la vida de forma violenta en Brasil.
El acuerdo es llamado Países de América Latina y el Caribe acuerdo Principio 10 (LAC P10). Nacido del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río + 20 de 2012. 10 países firmaron inicialmente una alianza basada en tres derechos fundamentales medioambientales: la participación ciudadana, el acceso a la información y a la justicia.
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