Nohemí y Danelly, dos defensoras de derechos humanos acogidas por el Gobierno Vasco

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Foto: Mundubat | Nohemí dando a conocer la difícil situación de las defensoras de DDHH de su país.

el DiarioSolidario

Nohemí es de Honduras. Danelly es de Colombia. Las dos están amenazadas en sus respectivos países por el trabajo que realizan a favor de los derechos humanos. Ahora, por unos meses, estarán en Euskadi gracias al Programa de Acogida Temporal para defensoras y defensores de derechos humanos del Gobierno Vasco.

Nohemí Esther Pérez Borjas es de las fundadoras del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Inicia su activismo desde la desaparición forzada de su hermano en los años 80, en el marco de la doctrina de seguridad nacional, implementada por Estados Unidos en Honduras.

Realiza acompañamiento a familiares de víctimas de la violencia política estatal. Desde el año 1982, Nohemí coordina el Plantón por la Verdad y la Justicia, que se realiza cada mes en Tegucigalpa, capital de Honduras. Es impulsora de la conservación de la memoria histórica como un hecho de resistencia al olvido de las cientos de víctimas de la violencia política de terror estatal. En 2009 fue beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al golpe de Estado militar.

En riesgo

Por su activismo y rol de defensora de derechos humanos, ha residido constantes amenazas, persecuciones y agresiones, por lo que debió salir del país para salvaguardar su integridad física y moral. Ante esto, la Fundación Mundubat la propuso para ser una de las beneficiadas del Programa de Acogida del Gobierno Vasco.

Durante su estadía en Euskal Herria, se dedicará a difundir la situación de Honduras y el grave peligro que corren las defensoras de DDHH, además de visibilizar el trabajo por la verdad y justicia de COFADEH que lucha contra la violación de derechos humanos, la corrupción e impunidad. La agenda de Nohemí se centrará en impulsar la vida, el respeto, la verdad y promocionar la memoria histórica para que los hechos de lesa humanidad no se olviden.

“Contaré nuestras luchas, pero también los logros”, aseguró Nohemí, quien ante la pregunta de cómo es Honduras, la primera cifra en mencionar son los 9 millones de habitantes y que el 85% está en situación de pobreza. “Es la realidad”. A partir de ahí se encienden todas las luces de alerta.

La represión al movimiento social ha sido dura, en especial desde el golpe de Estado en 2009. En este contexto, COFADEH lleva a cabo una labor admirable en el registro de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, publicando informes que detallan la violencia de las distintas fuerzas de seguridad del Gobierno. “La impunidad y la corrupción que vivimos es terrible”, comentó Nohemí, orgullosa de pertenecer a una organización que en 36 años de trabajo (nació un 30 de noviembre de 1982) se ha ganado el respeto de la población y de las instituciones internacionales.

Buenaventura resiste

Danelly Estupiñan, de Buenaventura, es de la organización Proceso de Comunidades Negras (PCN). Lleva años desmontando el racismo estructural que se impuso desde la época de la Colonia, el cual “despoja al ser humano de su dignidad y lo convierte en mercancía”, afirmó Danelly, consciente de que se impuso la visión de que los negros no son seres humanos. “El racismo se convirtió en una ideología…y permeó toda la cultura”.

Danelly también lleva años defendiendo Buenaventura contra la política del Gobierno de Colombia que la quiere convertir en una ciudad portuaria, donde no se concibe para que las personas vivan. “Han comprometido nuestra tierra para los proyectos portuarios. Por eso la hostilidad contra la gente de Buenaventura, los asesinatos, las torturas. Las zonas de violencia, donde suceden los crímenes, los ataques a la comunidad, coinciden con las zonas destinadas para los megaproyectos”, señaló la lideresa colombiana. “Somos víctimas del desarrollo, de los impactos de la dinámica económica de la expansión portuaria”.

La población de Buenaventura, casi 400 mil personas, solo tienen tres horas de agua potable. Carecen de hospital y el 80% vive en la pobreza extrema. El desempleo es del 49%. La falta de inversión del Gobierno en el tejido social de Buenaventura, además de la estrategia de terror, tiene una razón de ser. Según Danelly, al hacer un análisis más profundo, se comprobó que lo que desean es vaciar el territorio para construir el puerto.

Víctimas del desarrollo

“La violencia responde a esto. Somos víctimas del desarrollo”, concluyó. “Desde el Gobierno, nos dicen ahora que para nosotros son zonas de alto riesgo y que no podemos vivir en Buenaventura, pero, para 2050, han proyectado una zona hotelera para el empresariado que se beneficiará con las nuevas obras portuarias”.

Es un hecho real: Buenaventura es un territorio en disputa. La respuesta de la comunidad es resistir. Luchar. “Estamos resistiendo a una dinámica de despojo legal del Gobierno que pone en riesgo la vida de las comunidades”, expresó Danelly, cuya candidatura para ser beneficiada por el Programa de Acogida del Gobierno Vasco provinó de la organización Emigrados sin Fronteras.

Una de las acciones de resistencias más fuertes de Buenaventura fue el Paro Cívico, del 16 de mayo de 2017. Duró 22 días con un recuento de 700 víctimas, sobre todo heridos durante la represión policial. Pedían lo que el Estado de Colombia, por derecho, debe hacer: “que no nos maten, un hospital, agua,…,” enumeró la lideresa colombiana, cuya vida está amenazada por ser parte de esta resistencia, de esta lucha por la verdad y la justicia.

Fuente: Mundubat

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