El juzgado de Ragusa absuelve a Ana Isabel Montes y a Marc Reig del Open Arms de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y violencia privada en una misión de 2018

Open Arms rumbo al Mediterráneo

el DiarioSolidario

El Juzgado de Ragusa (Sicilia) ha resuelto en su audiencia preliminar que “no da lugar proceder” contra la jefa de misión y el capitán del Open Arms, Ana Isabel Montes Mier y Marc Reig Creus, acusados de favorecimiento de la inmigración ilegal y violencia privada en la misión del 15 de marzo de 2018.

El tribunal, después de escuchar a las partes, ha decidido desestimar el enjuiciamiento de ambos porque el delito de violencia privada no existe y porque no es punible debido al estado de necesidad, en lo referente al delito de favorecimiento.

El Open Arms, a petición de las autoridades italianas, intervino en marzo de 2018 en el rescate de 218 personas en peligro. Después de la evacuación urgente de una mujer y un recién nacido, las personas a bordo desembarcaron en el puerto de Pozzallo (Sicilia).

Corredores humanitarios autónomos

Tras una investigación inicial, abierta por la Fiscalía del Distrito de Catania, sobre los delitos de violencia privada y conspiración criminal para favorecer la inmigración ilegal, se decidió que la competencia correspondía a los Tribunales de Ragusa.

El Juzgado de Paz en la Corte de Catania afirmó no identificar ningún elemento idóneo para fundamentar la existencia de ese vínculo asociativo. Aunque, sin embargo, estableció que “no se puede permitir que las ONG creen corredores humanitarios autónomos fuera del control estatal e internacional, precursores de situaciones críticas dentro de cada país en términos de orden y seguridad “.

Por ello, la imputación del capitán y de la jefa de misión por el delito de auxilio a la inmigración clandestina y violencia privada. Por haber desatendido las indicaciones de las autoridades italianas que, tras solicitar expresamente la intervención del Open Arms en la operación de salvamento, exigieron su retirada para permitir la intervención de la autodenominada guardia costera libia. En segundo caso, por no haber solicitado indicación de un POS (Place of Safety) a Malta, mientras la nave seguía su curso hacia el puerto de Pozzallo.

Satisfacción en el Open Arms

“Nos sentimos muy satisfechos con esta sentencia. Una vez más se ha demostrado que nuestras acciones han estado siempre dirigidas respetando los convenios internacionales y el Derecho Marítimo Internacional. Lo que nos mueve es la defensa de los derechos humanos y la vida, principios fundacionales de nuestras constituciones democráticas”, han asegurado desde la ONG.

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“Estuvimos en el mar entonces para ayudar y ser testigos de las graves violaciones ocurridas en el Mediterráneo, y ahora seguimos estando para continuar una dolorosa batalla que creemos pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas que se preocupan por Europa y sus valores”, concluyen.

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