La sequía y la disminución de recursos lleva a la violencia extrema en el sudoeste de Etiopía

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el DiarioSolidario

Las fuerzas humanitarias han ampliado la ayuda en el sudoeste del país para salvar la vida de más de un millón de personas desplazadas por la violencia producida a causa de una larga sequía de más de un año y por la disminución de los recursos.

Según ha declarado el portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Andrej Mahecic, durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, “los que huyeron describieron haber sido testigos de violencia extrema durante las redadas, incluidos asesinatos indiscriminados, violaciones, matanzas de ganado y casas incendiadas”. Además, añadió que las personas desplazadas dejaron atrás todas sus pertenencias, casas y animales, llevaron consigo tan solo “sus vidas”.

La violencia en el sudoeste de país ha venido incrementándose en los últimos meses. A finales de abril, se desataron enfrentamientos intercomunales en las zonas fronterizas de Gedeo, en la región de Oromia, y West Guji en la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR). En junio, organizaciones humanitarias y el Gobierno de Etiopía solicitaron más de 100 millones de euros para hacer frente a las necesidades más críticas de 800.000 personas, así como para asegurar la protección de los desplazados.

Hasta ahora, la respuesta de Gedeo y West Guji ha permitido la provisión de agua potable y letrinas, alimentos, tratamiento para la desnutrición aguda grave, refugio de emergencia y salud básica. Sin embargo, esta ayuda sigue siendo insuficiente y muchas personas se ven obligadas a dormir en la suelo de instalaciones públicas habilitadas o a permanecer en refugios improvisados no acondicionados para las fuertes lluvias. Son muchas las familias que han tenido que separse por las condiciones de hacinamiento que están llevando a graves riesgos de protección, especialmente para mujeres y niños.

El fin de la violencia pasa por respetar el consenso alcanzado el pasado día 28 de julio, en el que todas las partes intervientes aceptaron devolver a las personas desplazadas a sus lugares de origen antes del día 8 de agosto.

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