Mauritania: El peligro de sobrevivir a una violación

el DiarioSolidario

La criminalización de las relaciones sexuales fuera del matrimonio en Mauritania pone en peligro a las sobrevivientes de violaciones. La ley les impide presentar denuncias porque ellas mismas podrían ser enjuiciadas. Así lo recoge el informe publicado por Human Rights Watch.

El documento de 90 páginas, “Me dijeron que me mantuviera tranquila”: Obstáculos a la justicia y remedio para las sobrevivientes de agresión sexual en Mauritania,” descubrió que cuando las sobrevivientes se presentan, la policía y los investigadores judiciales no respetan sus derechos y dignidad. Human Rights Watch descubrió que los procedimientos de investigación no garantizan la privacidad o la confidencialidad, raramente ofrecen la posibilidad de interactuar con las funcionarias y pueden convertirse en una investigación del carácter moral de la sobreviviente de violación. Muchas tienen acceso limitado, si lo tienen, a asistencia legal o asistencia médica, mental y social.

“Las mujeres y las niñas no deberían correr el riesgo de la cárcel o de un mayor estigma por denunciar el abuso sexual”, dijo Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch para Oriente Medio y Norte de África. “Para combatir la violencia sexual, Mauritania debería exigir a las fuerzas del orden y los sistemas de salud pública que detengan el tratamiento de las víctimas como sospechosas, las apoyen en la búsqueda de justicia y recuperación, y enjuicien a los autores”.

Human Rights Watch entrevistó a 33 niñas y mujeres que denunciaron haber sido violadas, así como a miembros de grupos no gubernamentales, abogados y funcionarios del gobierno. El 12 de julio, Human Rights Watch envió una carta con hallazgos preliminares y solicitudes de información a varios ministerios y organismos del gobierno mauritano. La Comisión de Derechos Humanos y Acción Humanitaria coordinó una respuesta conjunta y detallada del gobierno recibida el 31 de agosto, después de la finalización del informe.

Human Rights Watch descubrió que los sobrevivientes se enfrentan al estigma social y las presiones familiares para no denunciar violaciones a las autoridades. La trabajadora social de un grupo local de defensa de los derechos de las mujeres que apoyó a una mujer que denunció haber sido violada por un vecino que amenazó con matarla, describió el comportamiento del fiscal del estado que interrogó a la mujer. “Él le preguntó: ‘Si no consintió, ¿por qué no se lo contó a sus padres?'”. Cuando la sobreviviente dijo que conocía al hombre que la violó, el fiscal respondió: “Todas las cosas que dice son mentiras, lo hizo de buena gana”.El fiscal abrió una investigación contra la mujer por relaciones sexuales fuera del matrimonio, conocida como zina, y un juez la puso bajo control judicial durante la investigación de dos meses.

La falta de pericia forense y protocolos para la recopilación de pruebas por parte de las fuerzas del orden público y los profesionales de la salud pueden debilitar el caso de un sobreviviente en el tribunal. La mayoría de los hospitales públicos ofrecen atención de emergencia limitada y, a menudo, se niegan a proporcionar exámenes médicos a los sobrevivientes de violación sin una referencia policial. Muchas sobrevivientes no pueden pagar la atención médica de emergencia o de largo plazo. Las sobrevivientes de violación que quedan embarazadas no pueden abortar, ya que la ley de Mauritania prohíbe los abortos, excepto cuando la salud de la madre está en riesgo.

Mauritania también carece de programas e instalaciones financiados por el gobierno para garantizar y respaldar la seguridad, la acción legal y la recuperación de los sobrevivientes. El gobierno no tiene refugios para los sobrevivientes que quieren, o se ven obligados a abandonar su hogar después de un asalto, o para las mujeres que salen de prisión después de una condena zina que no tienen a dónde acudir. Los grupos no gubernamentales solo pueden proporcionar servicios limitados a corto plazo a las sobrevivientes, pero esto nunca incluye la posibilidad de alojamiento.

Los sobrevivientes también corren el riesgo de ser procesadas ​​si no pueden probar la falta de consentimiento, en parte porque el código penal actualmente no define la violación o la noción de consentimiento y no penaliza otras formas de agresión sexual. El código penal castiga a zina con flagelación, tiempo en la cárcel y, si el acusado está casado o divorciado, la muerte por lapidación. Debido a que Mauritania no lleva a cabo castigos corporales, las personas sentenciadas a flagelación o muerte por lapidación pueden ser encarceladas indefinidamente, hasta que los eruditos legales musulmanes decidan conmutar su sentencia.

Aunque el gobierno sostiene que ningún caso de violación denunciado a las autoridades ha llevado a enjuiciamientos de zina en los últimos años, las mujeres y niñas entrevistadas dijeron lo contrario. En un caso de julio de 2016, una niña de 15 años que fue violada en cuatro ocasiones por cuatro hombres y estuvo cautiva durante dos semanas, dijo que la enviaron a prisión después de revelar que conocía a uno de los hombres, que había prometido casarse con ella. y ayudarla a huir de su hogar.

Mauritania ha actuado recientemente fortaleciendo las leyes con el fin de proteger los derechos de las mujeres y las niñas. En marzo de 2016, el gobierno aprobó un proyecto de ley sobre violencia de género que está pendiente ante el parlamento. La ley definiría y castigaría la violación y el acoso sexual, crearía cámaras especiales para casos de violencia sexual y permitiría que los grupos no gubernamentales presenten casos en nombre de los sobrevivientes. Si bien es un paso en la dirección correcta, el borrador actual no se cumple en muchos aspectos, incluido el mantenimiento de cargos penales por relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio y restricciones al aborto.

Las políticas del gobierno violan varios derechos humanos consagrados en tratados internacionales firmados por Mauritania. Estos incluyen el derecho de las sobrevivientes a la no discriminación, ya que la violencia sexual afecta a mujeres y niñas desproporcionadamente, así como su derecho a la integridad y autonomía corporal, su derecho a la privacidad y su derecho a un recurso efectivo. Además, los niños deberían ser detenidos solo como último recurso y por el período más breve posible, y el gobierno debería priorizar sus mejores intereses.

El gobierno debería dejar de perseguir y detener a personas por zina, despenalizar el delito y liberar a cualquier persona detenida bajo esos cargos, dijo Human Rights Watch. El gobierno también debe aprobar una ley que defina el delito de violación, penalice todas las demás formas de violencia sexual, cree unidades especializadas de enjuiciamiento y albergues a corto y largo plazo, y asigne fondos para llevar a cabo las reformas.

El gobierno también debe proporcionar capacitación sobre los procedimientos de admisión, evitar los prejuicios de género y los procedimientos de evidencia forense y exigir que los agentes de la ley y los profesionales de la salud reciban capacitación periódicamente. Y debe garantizar el acceso a una atención médica física y mental adecuada para los sobrevivientes.

“Este proyecto de ley sobre la violencia de género es una oportunidad para que Mauritania cambie el rumbo y alinee su ley con los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas”, dijo Whitson.

Fuente: Human Rights Watch

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