Envenenamiento por plaguicidas en zonas rurales de Brasil

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el DiarioSolidario

Pobladores de zonas rurales en Brasil están siendo envenenados a causa de los plaguicidas que se rocían en las proximidades de sus viviendas, escuelas y lugares de trabajo, ha señalado Human Rights Watch en un informe. Numerosas comunidades rurales temen sufrir represalias de agricultores acaudalados y con poder político si denuncian los envenenamientos o reclaman leyes y reglamentaciones que aseguren una mayor protección.

El informe de 50 páginas, “You Don’t Want to Breathe Poison Anymore” (No queremos seguir respirando veneno) documenta casos de intoxicación aguda por plaguicidas en siete lugares de distintas regiones de Brasil, incluidas comunidades agrícolas, indígenas, quilombo (afrobrasileñas) y escuelas rurales. La exposición se produce cuando los plaguicidas rociados se arrojan más allá de donde debían caer durante la aplicación, o cuando se evaporan y se extienden a zonas adyacentes en los días siguientes a la fumigación.

“En todo el territorio rural de Brasil, los plaguicidas que se rocían en plantaciones de gran tamaño envenenan a niños en sus aulas y a lugareños en los patios de sus casas”, explicó Richard Pearshouse, director asociado de Medioambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch y autor del informe. “Las autoridades brasileñas tienen que detener esta exposición tóxica y garantizar la seguridad de quienes denuncian el perjuicio que los plaguicidas están causando a sus familias y comunidades”.

Human Rights Watch concluyó que en muchas comunidades expuestas las personas temen que los grandes terratenientes tomen represalias contra ellas. En cinco de las siete comunidades rurales que visitó Human Rights Watch muchos miembros dijeron haber recibido amenazas o que temían sufrir represalias si informaban sobre la propagación de los plaguicidas que, según creían, les estaban causando envenenamiento. En 2010, un agricultor y activista contra los plaguicidas murió como resultado de una agresión armada tras exigir al gobierno local que ese año prohibiera la fumigación aérea.

Es común que los propietarios de grandes plantaciones incumplan una reglamentación nacional sobre “zonas protegidas” que prohíbe la fumigación aérea de plaguicidas cerca de viviendas. No existe una “zona protegida” nacional equivalente para la fumigación terrestre. Los datos oficiales sobre envenenamiento por plaguicidas reconocen a este problema una gravedad muy menor a la real. También es deficiente el sistema que utiliza el gobierno para el monitoreo de residuos de plaguicidas en el agua potable y los alimentos.

En los casos de intoxicación aguda por plaguicidas, la persona presenta síntomas como vómitos, náuseas, jaqueca y mareos durante la aplicación de plaguicidas en zonas próximas o en el período inmediatamente posterior. A su vez, la exposición crónica a plaguicidas, incluso en cantidades bajas, está asociada con infertilidad, menor desarrollo fetal, cáncer y otros graves efectos para la salud. Las mujeres embarazadas, los niños y otras personas vulnerables también están expuestas a mayores riesgos.

“Sufría fuertes jaquecas, dolor de estómago y sensación de náusea”, dijo una niña de 10 años que asiste a una escuela en el municipio de Cascavel, en el estado de Paraná. “[El maestro] dijo, ‘vámonos del aula, el olor es demasiado fuerte’. Nos fuimos a casa antes de lo previsto. Llegué a casa sintiendo náuseas, descompostura y jaqueca. Una vez allí, vomité dos veces”.

Brasil no debería permitir que se fumiguen plaguicidas desde aviones que sobrevuelan las viviendas de personas ni desde tractores que pasan cerca de las ventanas de escuelas, expresó Human Rights Watch. Con carácter urgente, Brasil debería suspender las fumigaciones aéreas y crear una zona de protección que preserve a las áreas sensibles de la fumigación terrestre.

En los próximos meses, el Congreso de Brasil tratará un proyecto legislativo que debilitaría incluso más el marco regulatorio de los pesticidas. El proyecto fue aprobado en junio de 2018 por una comisión parlamentaria especial, y deberá ser votado por la cámara baja en pleno para que pueda pasar al Senado.

Entre varias propuestas, el proyecto reduciría significativamente el rol de los Ministerios de Salud y Medioambiente, que son las instituciones que conocen sobre las consecuencias del uso de plaguicidas. Asimismo, el proyecto propone reemplazar el término jurídico agrotóxicos (plaguicidas) con produtos fitosanitários (productos fitosanitarios), ocultando así los riesgos de los plaguicidas para la salud y el medioambiente.

Brasil es uno de los mayores consumidores mundiales de plaguicidas, con ventas anuales de más de USD10.000 millones. La cantidad masiva que se utiliza está asociada con la agricultura de monocultivo a gran escala, que cada vez está más extendida en Brasil. Cerca del 80 % se utiliza en plantaciones de soja, maíz, algodón y caña de azúcar. Muchos de los plaguicidas usados en Brasil son altamente peligrosos para la salud humana. De los 10 plaguicidas más usados en Brasil durante 2016, cuatro están prohibidos en Europa, una clara señal de que otros gobiernos consideran que algunos de ellos son muy riesgosos.

“En vez de flexibilizar las leyes, Brasil debe establecer controles más estrictos y un plan de acción nacional para reducir el uso de plaguicidas”, opinó Pearshouse. “El Congreso debería votar en contra del texto actual del proyecto legislativo y, en cambio, pedir a los ministerios pertinentes que efectúen un análisis nacional de los enormes impactos que los plaguicidas tienen para la salud humana y el medioambiente”.

Testimonios de personas afectadas

“Me sentí descompuesta, con náuseas y jaqueca. Tuve muchos vómitos; una vez que empecé no podía parar. Tuve que pedir a mi esposo que viniera a ayudarme. Estoy embarazada, y lo que más me preocupaba era mi hijo. Temía que pudiera afectar su salud”. – Eduarda, de 20 años, está embarazada y vive en una comunidad rural a pocas horas de camino de Santarem, en el estado de Pará.

“El avión estaba rociando junto a la escuela y el viento traía el producto hacia nosotros. Aunque no se olía, se podía sentir la ráfaga que entraba por la ventana. Los niños, de entre cuatro y siete años, se quejaban de que les escocían los ojos y las encías”. – Marelaine, una maestra de 20 años que enseña en una comunidad rural en el sur de Bahía.

“Comencé a sentirme mal, con náuseas. Intenté tomar agua para recuperarme, pero no sirvió. Vomité varias veces hasta que vacié todo lo que tenía en el estómago, y seguí con arcadas”. – Carina, una mujer adulta que estudia en una escuela rural en el municipio de Primavera do Leste, en el estado de Mato Grosso.

“Se podía ver el líquido blanquecino [en el aire]. Basta con olerlo, y llega al cerebro. Se siente un gusto amargo en la garganta. No queremos seguir respirando veneno, sino respirar otra calidad de aire, pero no es posible”. – Jakaira, un hombre de 40 años de una comunidad guaraní-kaiowá ubicada a pocas horas de distancia en automóvil de Campo Grande, en el estado Mato Grosso do Sul.

“Esta semana, [un avión que rociaba plaguicidas] sobrevoló la vivienda [de un vecino] con el rociador activo. Se puede sentir cuando los plaguicidas caen sobre la piel. Cada vez que fumigan, es así. Hemos tenido problemas con las fumigaciones aéreas desde hace cerca de diez años. Hemos hecho varias denuncias en la dependencia de la policía civil [local] y también en la policía militar. Nadie resuelve el problema, no hay justicia”. – Bernardo, de 30 años, miembro de una comunidad quilombo ubicada a pocas horas de distancia en automóvil de Belo Horizonte, estado Minas Gerais.

“[La fumigación de plaguicidas] nos perturba y causa náuseas; también me da jaqueca. Intento sentarme al otro lado del aula [respecto del lado más próximo a donde fumigan]. [En el aula] tenemos un ventilador, que aunque ayuda un poco, no impide que haya olor. He tenido náuseas y mareos. Es muy desagradable, porque sientes deseos de vomitar, pero la sensación queda atascada en la garganta”. – Danilo, alumno de 13 años de una escuela rural a pocas horas de distancia en automóvil de Goiânia, la capital del estado de Goiás.

Todos los nombres de las personas han sido modificados para preservar su identidad.

Fuente: Human Rights Watch

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