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Save the Children señala que el pin parental supone una vulneración del derecho de los estudiantes a una formación integral, como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España. Además, son varias las sentencias del Tribunal Supremo que han determinado que no existe derecho a la objeción de conciencia de padres y madres sobre contenidos educativos. Las actividades complementarias, realizadas en horario lectivo, son parte del desarrollo del proyecto educativo y la programación fijada por el centro escolar para cumplir con sus objetivos, señalan desde la organización.
Asimismo, remarcan, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece la necesidad de informar al alumnado sobre las principales concepciones culturales, morales o ideológicas que existen dentro de la sociedad para garantizar la paz social. El Supremo también señala la necesidad de transmitir a los alumnos que hay que respetar concepciones distintas a las suyas.
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“El pin parental vulnera el derecho de cada niño y cada niña a recibir una formación integral. Es fundamental que el alumnado adquiera conocimientos sobre aspectos básicos para su desarrollo, como es la educación en la diversidad”, afirma la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.
Problemas educativos en Murcia
La ONG lamenta además que el intento de implantación del ‘pin parental’ en la región de Murcia desvía la atención sobre los problemas educativos que persisten en España, como la inequidad educativa o el fracaso escolar. Según se desprende de los últimos datos del informe PISA 2018, hecho público el pasado mes de diciembre, la repetición de curso en España es socialmente muy injusta ya que, a igual rendimiento, el alumnado pobre repite cuatro veces más que el de más recursos, la segunda brecha más alta de toda la OCDE.
“Murcia es la tercera comunidad autónoma con más abandono escolar, más repetición de curso y más inequidad por origen social, según PISA 2018. Consideramos que la prioridad debería ser afrontar estos problemas y no cuestionar si los niños y las niñas tienen derecho a una educación plena”, añade Perazzo.
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