Enviados a la incertidumbre y al peligro

En riesgo miles de solicitantes de asilo despachados desde Estados Unidos en virtud del programa de colaboración con México

Frontera Estados Unidos y México
Miles de solicitantes, incluidos más de 4.780 niños y niñas, se enfrentan a condiciones potencialmente peligrosas después de que las autoridades estadounidenses los envían de regreso a México

el DiarioSolidario

El gobierno de Estados Unidos debe detener el envío de solicitantes de asilo de regreso a México mientras esperan el trámite de sus procedimientos ante tribunales de inmigración estadounidenses, señalaron Human Rights Watch y Hope Border Institute en un informe conjunto.

Miles de solicitantes de asilo procedentes de América Central y de otros lugares, incluidos más de 4.780 niños y niñas, se enfrentan a condiciones potencialmente peligrosas e insostenibles después de que las autoridades estadounidenses los envían de regreso a México, denuncia el informe de Human Rights Watch: “‘We Can’t Help You Here’: US Returns of Asylum Seekers to Mexico” . El 7 de junio de 2019, Estados Unidos y México acordaron ampliar drásticamente el programa de devoluciones

“El gobierno estadounidense ha fomentado la peligrosa fantasía de que los solicitantes de asilo enviados de regreso a México tendrán acceso a trabajo y albergue y una oportunidad justa ante los tribunales de inmigración estadounidenses”, indicó la investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch y coautora del informe, Clara Long,.

“La realidad es que los funcionarios fronterizos estadounidenses están abandonando a madres con niños pequeños y otros migrantes vulnerables en ciudades fronterizas de México donde su seguridad está en riesgo”.

Secuestro, agresión y violencia

El departamento de Seguridad Nacional comenzó a enviar de regreso a México a solicitantes de asilo en el marco de su programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP en inglés) en el puerto de entrada de San Isidro, en el sur de California, el 29 de enero, y poco después a Calexico. Para mediados de marzo, el mismo se expandió a El Paso, al otro lado de la frontera con Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Desde entonces, Ciudad Juárez ha superado tanto a Tijuana como a Mexicali.

Human Rights Watch y Hope Border Institute se han hecho eco de graves daños sufridos por solicitantes de asilo en Ciudad Juárez, incluidos secuestro, agresión sexual y violencia.

Kimberlyn (el apellido se mantiene en el anonimato por seguridad), una solicitante de asilo hondureña de 23 años, ha relatado que un conductor de taxi las secuestró a ella y a su hija de 5 años al regresar a Ciudad Juárez después de su primera audiencia judicial en Estados Unidos, en abril. El conductor las liberó horas después, pero les advirtió que las mataría si su familia en Honduras no pagaba un rescate de 800 dólares. Demostró con recibos de depósito que este dinero extorsivo había sido pagado. Kimberlyn afirmó que aún no se sentía a salvo.

La vulnerabilidad de estas personas se ve agravada por la falta de albergue, alimento y otras necesidades, y por la escasez extrema de recursos. A pesar de las promesas anteriores, el gobierno mexicano no ha proporcionado visas, lo que en definitiva limita sus medios de subsistencia y los expone a la posibilidad de explotación.

Contrario a la legalidad

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. también se han negado a devolver documentos de identificación personal, apuntó Human Rights Watch. Sin identificación, es posible que los solicitantes no puedan recibir dinero que envían sus familiares. Además, los que no tienen documentos por lo general no pueden trasladarse, buscar lugares más seguros dentro de México ni regresar a su lugar de origen, lo que los deja atrapados en ciudades peligrosas y poco preparadas de la frontera mexicana.

Al 24 de junio, más de quince mil personas principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador habían sido enviados de regreso a Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali con instrucciones de comparecer —a veces meses más tarde— ante tribunales de inmigración al otro lado de la frontera en EE. UU. Según el gobierno mexicano, entre los solicitantes de asilo enviados de regreso había al menos 13 mujeres embarazadas, personas LGBT y ciudadanos con discapacidades mentales y físicas, que enfrentan riesgos incluso mayores.

El 26 de junio, el sindicato que representa a los funcionarios federales del sistema de asilo, que implementan el programa de MPP, presentó un memorial de amicus curiae ante un tribunal federal en el que repudia al programa y lo describe como “fundamentalmente contrario a la estructura moral de nuestra Nación y nuestras obligaciones legales internacionales y nacionales”.

«Nos quedamos en la calle»

En Ciudad Juárez hay una grave falta de espacio de acogida. Junto con los 6.600 solicitantes que ya esperan en Ciudad Juárez ingresar en EE. UU. a través de un sistema de cupos denominado “metering” (que limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo por día). El número de personas enviadas de regreso y a la espera del procedimiento en Ciudad Juárez podría ascender a un total de 12.700. A su vez, funcionarios del estado de Chihuahua estimaron que hay solo 1.000 camas disponibles en albergues en la ciudad, casi todos afiliados a iglesias.

“Carmen S.” contó que fue enviada de regreso a México en mayo para esperar una decisión judicial sobre asilo con sus hijos de 6 y 3 años. Sin embargo, su primera audiencia en la justicia inmigratoria está programada para octubre. De regreso en México, funcionarios locales le informaron que no había espacio de acogida para su familia. “Quedamos en la calle sin lugar adonde ir”, dijo Carmen. Finalmente encontró un albergue que aceptaba a su familia por siete días, pero no tenía idea de adónde iría luego.

“¿Por qué programaron la audiencia judicial para tanto tiempo después sabiendo que no tengo nada?”, Carmen S.

Abogados de inmigración de El Paso afirmaron que enfrentaban graves obstáculos para brindar representación a solicitantes de asilo enviados de regreso, incluida la falta de domicilios y números de teléfono, así como las fechas para las audicencias fijadas para junio de 2020.

Fin del programa MPP

Human Rights Watch y Hope Border Institute instaron al departamento de Seguridad Nacional a poner fin de inmediato al programa de MPP y a dejar de enviar de regreso a México a solicitantes de asilo y a garantizar su seguridad, acceso a asistencia humanitaria y debido proceso durante todo el procedimiento de asilo. El gobierno estadounidense también debe reducir las demoras en los trámites y ampliar las oportunidades de representación legal ad honorem en el sistema de justicia inmigratoria. Por último, el gobierno debe evitar detener a migrantes, en especial solicitantes de asilo, niños y niñas, familias, personas con problemas de salud física o mental, y otras poblaciones vulnerables.

“Enviar a solicitantes de asilo a México los ha dejado con escaso o ningún acceso efectivo a representación legal en Estados Unidos, contrariamente a lo que aduce el gobierno estadounidense”, señaló la analista de investigación de políticas en Hope Border Institute en El Paso, Edith Tapia. El instituto ha estado observando audiencias en los tribunales de inmigración de solicitantes de asilo incluidos en el programa de MPP y ha documentando la situación en Ciudad Juárez.

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