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«Dado que actualmente no existe una lista pública de las importaciones de minerales de empresas europeas y de las empresas incluidas en el Reglamento – “Regulación sobre suministro responsable de minerales”-, en la mayoría de los países de la UE, resulta muy difícil para las organizaciones de la sociedad civil europea y sus socios de los países productores plantear inquietudes a sus Autoridades Competentes nacionales cuando observan irregularidades en el terreno», explica Carme Altayó i Martí de Solidaridad Castelldefels Kasando.
La Regulación europea sobre minerales en conflicto, también conocida como la “Regulación sobre suministro responsable de minerales”, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021. La adopción de la legislación es un paso importante hacia la limitación de la importación en la UE de los denominados minerales 3TG procedentes de zonas en conflicto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el acuerdo “es el resultado de negociaciones complejas y prolongadas, que derivaron en compromisos políticos, no exentos de riesgos relacionados con su efectividad. Estas deficiencias podrían ser utilizadas por las empresas para eludir obligaciones y no cumplir con lo dispuesto en el reglamento”, argumentan las ONG.
Una limitación importante es la falta de transparencia respecto a las empresas cubiertas por el Reglamento y la capacidad real de vincular la producción de minerales en origen con las importaciones directas a la Unión Europea.
Avance desigual
A principios de año, cada Estado miembro de la UE debía haber designado una Autoridad Competente y especificado las normas de vigilancia de la aplicación a nivel nacional. Sin embargo, los avances en la aplicación varían de un país a otro. El informe “The EU Conflict Minerals Regulation» ofrece una comparación del proceso de implementación en los diferentes Estados , lo que permite determinar cuáles son los más avanzados.
Austria y la República Checa cuentan con los mejores resultados en materia de transparencia; seguidos por Finlandia y los Países Bajos que han incorporado disposiciones interesantes; mientras que otros Estados miembro, entre los cuales se halla España, quedan muy por detrás.
La coalición de ONG, coordinada por Pax For Peace y EurAcNetwork, autoras del trabajo, destaca los principales riesgos en juego. Aunque el Reglamento incluye la obligación de los Estados de establecer el régimen de infracciones en caso de incumplimiento (art.16), en la práctica existen interpretaciones divergentes en relación con los mecanismos de control o las sanciones a aplicar.
«Es crucial que los decisores políticos tengan en cuenta el objetivo político detrás de la regulación. Esto implica un mecanismo de aplicación sólido y menos margen para la interpretación del Reglamento por parte de los Estados miembro». Guillermo Otano, Fundación Alboan.
Interrumpir la violencia
Por último, la aplicación de umbrales de volumen de importación para determinar las empresas cubiertas por la ley corre el riesgo de excluir las importaciones de mayor riesgo (que a menudo son las de pequeños importadores, especialmente en el caso del oro) y abre la posibilidad de que las empresas eludan el Reglamento (creando redes de operadores independientes que importen en diferentes Estados miembro cantidades de mineral por debajo de los umbrales establecidos).
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La coalición de ONG enumera en su informe una serie de recomendaciones preliminares de cara al proceso de revisión oficial que la Comisión Europea llevará a cabo por primera vez el 1 de enero de 2023. El Reglamento europeo sobre minerales de conflicto se adoptó en 2017. Según la Comisión Europea, se estima que las obligaciones de diligencia debida en virtud del Reglamento se aplican a entre 600 y 1.000 importadores de la Unión, de los cuales entre 20 ó 25 operan en España. El objetivo último del Reglamento es interrumpir el nexo entre la extracción y el comercio de minerales, por un lado, y los conflictos violentos, la corrupción y la fragilidad estructural, por otro.
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