el DiarioSolidario
Evitar 63.000 cortes eléctricos en hogares sin recursos de Cataluña. La ley catalana de medidas urgentes ante la emergencia habitacional y pobreza energética (24/2015) saca pecho. Sin duda un logró importante que crece en valor tras la condonación de la deuda de 35.500 familias vulnerables por parte de Endesa en el período de 2015 a 2020. Ciudadanos que en muchos casos debían decidir entre pagar la luz o comer, y que llevaban una deuda de 2.000 euros de media.
A todas las familias vulnerables, la firma del convenio les permitirá empezar de cero y quitarse de encima esa pesada mochila. Familias con nombres y apellidos, como Cristina, con una deuda de más de 1.400 euros; Vicky, con 1.000 euros en facturas impagadas; o Yolanda, con más de 2.000, con quien interpusimos una querella contra los cobradores de Endesa y sus prácticas de acoso. Muchas de ellas, familias luchadoras de APE que a partir de hoy podrán vivir un poco más tranquilas, aseguraban desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE)
El texto obliga a la empresa a asumir más de 28 millones de euros, un 73% de la deuda acumulada desde julio 2015 hasta diciembre de 2018. Mientras que la deuda acumulada de 21 millones de euros entre 2018 y el pasado año la asumirá la compañía del Ibex y la Generalitat.
En cuanto a los futuros impagos, se ha creado un Fondo de Atención Solidaria, “que posibilitará a las personas afectadas pagar considerablemente menos por sus facturas, evitando de esta manera la generación de nuevas deudas”. Endesa y las administraciones contribuirán con un 50% cada una.
ILP contra la pobreza energética
La ley nació de una iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC y aprobada por unanimidad en el Parlament de Cataluña en 2015. Actualmente, es considerada una de las más avanzadas del mundo en cuanto a la lucha contra la pobreza energética, cualquier corte en un hogar con personas vulnerables de acuerdo con el informe de exclusión residencial es un corte indebido sancionable.
Sin embargo, a pesar de la misma, los límites competenciales de Cataluña no permitían imputar la asunción de los impagos a las compañías. Por lo tanto, la deuda quedaba en manos de unos convenios que necesitaban el consenso entre las compañías energéticas y la Administración. Quienes han reclamado esta deuda, incluso por vía judicial, a familias y ayuntamientos.
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La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) remarca que tras más de cinco años y medio, se ha conseguido firmar el convenio, pese a las reticencias de Endesa. “No descansaremos hasta que el resto de compañías del Oligopolio ‒incluyendo a Naturgy e Iberdrola‒ firmen el mismo convenio en un futuro próximo” aseguran.
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