
el DiarioSolidario
227 activistas ambientales perdieron la vida en 2020 según recoge el informe “Ultima línea de defensa” de Global Witness. Por segundo año consecutivo las personas asesinadas de forma violenta han aumentado. América Latina lidera las estadísticas con 165 activistas. La región fue testigo, tristemente, de tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra.
Colombia acumuló 65 asesinatos convirtiéndose nuevamente en el país más afectado del mundo. Por su parte, Nicaragua, con 12, se convirtió en el lugar más mortífero para las personas defensoras considerando los asesinatos per cápita.
De promedio, cuatro personas defensoras perdieron la vida de forma violenta cada semana alrededor del mundo, desde que se firmó el acuerdo climático de París en 2015. Sin embargo, la cifra se queda corta, ya que es probable que muchos casos no sean denunciados ante las crecientes restricciones al periodismo y otras libertades cívicas.
Explotación forestal
Al menos el 30% de los ataques registrados estuvieron directamente relacionados con la explotación de recursos. Entre las que se incluyen: la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala, las represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. La explotación forestal fue la industria vinculada a la mayor cantidad de asesinatos con 23 casos, con ataques reportados en México, Brasil, Nicaragua y Perú.
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Los homicidios incluyen el caso de Óscar Eyraud Adams, indígena Kumiai y defensor del agua, asesinado en México. Después de oponerse a las industrias que contribuyen a la escasez hídrica en Baja California. Óscar se suma a muchos indígenas asesinados en 2020, reivindicando su derecho a la autodeterminación y protegiendo las tierras ancestrales de quienes buscan explotar sus recursos naturales.
“En un año en el que los países latinoamericanos sufrieron una crisis sin precedentes, una constante permaneció: la violencia contra las personas defensoras. América Latina ha sido consistentemente la región más afectada y, con demasiada frecuencia. Quienes se pronuncian por su tierra y nuestro planeta deben enfrentarse a la criminalización de los gobiernos, la intimidación en sus comunidades y el asesinato. Esta violencia sistémica es el resultado de décadas de impunidad para los perpetradores y las empresas que ponen la extracción y las ganancias por encima de la vida humana y nuestro medioambiente”. Marina Commandulli, activista de Global Witness.
Principales conclusiones del informe
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