el DiarioSolidario
Más de 8.000 personas, entre ellos alrededor de 1.500 menores, han entrado en Ceuta desde Marruecos durante la jornada de ayer. Aunque la Guardia Civil eleva la cifra hasta las 9.000 personas. Familias completas, y miles de hombres, mujeres y menores, han rodeado los espigones fronterizos, Tarajal y Benzú, para llegar a las playas ceutís. La gran mayoría han entrado por mar, aunque también por tierra, ante la pasividad de las autoridades del país vecino.
El despliegue del ejército español con alrededor de 1.300 militares que se han sumado a los más los 1.100 policías y guardias civiles que trabajan allí, ha sido la principal respuesta del Gobierno español ante la crisis, además del papel bilateral, este último sin mucho éxito. Los efectivos han asistido y socorrido a las personas migrantes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska, ha informado de la expulsión de 4.000 personas. Según diferentes medios, en este proceso no se han incluido a los menores, quienes se encuentran amparados por la legislación nacional e internacional. Leyes que priman el bienestar e interés de los mismos.
Devoluciones en caliente en Ceuta
Amnistía Internacional mostraba su inquietud ante lo ocurrido: “Nos preocupa que se estén produciendo devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional en Ceuta. Se trata de expulsiones de personas migrantes o refugiadas sin que tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo. Estas personas no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar la expulsión”.
“Las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley y cualquier tipo de medida debe individualizarse”, como establecieron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de febrero de 2020 y el Tribunal Constitucional el 19 de noviembre de 2020”, Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).
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Crisis política y económica
El contexto de la crisis de refugiados en Ceuta se basa principalmente en tres circunstancias. La postura de acogida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado en Logroño con coronavirus; el no reconocimiento por parte de España o de la Unión Europea de la soberanía marroquí sobre la excolonia española, tras el movimiento de Donald Trump. Además de una situación económica complicada en el norte del reino alauita. Un escenario que ha llevado a un descenso del PIB y el aumento de la deuda debido al cierre de las fronteras. Fuente de ingresos de muchas familias.
Por su parte, la Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR remarca otra posible causa. “Las políticas de externalización de fronteras en terceros países, no sólo no ofrecen soluciones duraderas y permanentes en materia de movilidad humana, sino que favorecen la instrumentalización de las personas en procesos migratorios para ejercer presión política”. Una situación que recuerda a movimientos similares realizados por Turquía en crisis migratorias anteriores.
En la misma línea se mostraba Andalucía Acoge, quienes marcan el camino para poder solucionar este tipo de situaciones: “Marruecos está utilizando a su propia población para recordar a Europa y España su papel de gendarme de la frontera africana. La mejor forma de evitar esta situación sería un cambio radical en la política migratoria europea facilitando vías legales y seguras para el acceso a Europa y acabando con la subcontratación de gobiernos de la periferia de la UE para el control de los flujos migratorios”.
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