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Siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación. De las restantes, una amplia mayoría admite otras formas más sutiles de exclusión, como solicitar un mayor número de garantías adicionales a las personas de otros países. Estas son las principales conclusiones del informe “¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler”, realizado por Provivienda. Un trabajo que ha abordado el problema de la discriminación en la vivienda de personas migrantes, especialmente de aquellas nacidas fuera de la UE.
Entras las manifestaciones distriminatorias detectadas se encuentran: exceso de documentación requerida, incremento de las garantías adicionales, engaños sobre las disponibilidad de viviendas o la presentación de cláusulas abusivas. La ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras, trae consigo exclusión residencial, por este motivo, “el acompañamiento del tercer sector y de las instituciones públicas es una pieza fundamental para luchar contra este grave problema”, asegura Elena Martínez de Provivienda.
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En la elaboración del informe, se han realizado 1.836 llamadas respondiendo a anuncios de alquiler reales, a través de la metodología del testing inmobiliario. La clave del estudio era la búsqueda de respuestas distintas a dos tipos de llamadas telefónicas: de una persona autóctona y de una extranjera. Las comunicaciones se complementabann con una tercera acción, una propietaria de una vivienda contactaba a agencias inmobiliarias y pedía explícitamente no alquilar a una persona inmigrante.
Propuestas y recomendaciones
Desde Provivienda defienden la urgencia de una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple de forma clara el ámbito de la vivienda. Asimismo, la entidad recomienda la puesta en marcha de servicios de información y asesoramiento especializados, el impulso de servicios de mediación en alquiler, la formación a agentes clave. Así como el reconocimiento de buenas prácticas inmobiliarias o, en el plano más restrictivo, la aplicación del derecho administrativo sancionador, e incluso penal para las situaciones más graves.
La organización sin ánimo de lucro ve imprescindible complementar las medidas antidiscriminación con aquellas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas. “La anunciada Ley del Derecho a la Vivienda, así como el aumento en los Presupuestos Generales del Estado en políticas públicas son una buena oportunidad para mejorar la garantía de los derechos humanos”, finaliza el director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez.
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