el DiarioSolidario
La crisis podría arrojar a más de 700.000 personas adicionales a la pobreza en España debido al Covid-19 y sus efectos en la ciudadanía más vulnerable. Una huella desigual que se acentúa sobre manera cuando se confirma que las personas con menores ingresos perderían, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas, según el informe: “Una reconstrucción justa y necesaria es posible” de Oxfam Intermón.
El trabajo resalta el crecimiento de la pobreza en el estado. Una caída del PIB en un 9% y el aumento del desempleo hasta el 19%, la ONG pronostica que el número de personas pobres alcanzaría los 10,8 millones. El porcentaje de 21,5% antes de la Covid-19 pasaría al 23,1% de la población tras los efectos de la pandemia.
Las comunidades autónomas que registran un mayor incremento porcentual de la pobreza son Baleares, Castilla León, Aragón y Catalunya. En términos absolutos es en Andalucía con 201.000 ciudadanos más. En cuanto a desigualdad, la comunidad con un mayor aumento es Andalucía, seguida por Canarias y Extremadura.
En contraste, según datos de la organización, los 23 milmillonarios españoles han visto aumentar el valor de su riqueza en 19.200 millones de euros en los 79 días transcurridos entre el 18 de marzo y el 4 de junio.
Trabajos precarios
Apenas en 22 días, 900.000 personas se dieron de baja en la seguridad social con especial impacto en la construcción o la hostelería. Sectores, donde el 73% de los profesionales corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y personas de baja cualificación.
En el caso de la población migrante, su tasa de desempleo en 2020 podría quedar diez puntos por encima de las personas nacidas en España. Su probabilidad de perder el empleo es de un 145% sobre la población local. La organización también calcula que el impacto de la Covid-19 puede hacer que una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una persona migrante.
“Tenemos que garantizar los derechos de quienes han garantizado nuestra supervivencia, personas que han resultado imprescindibles frente a un modelo económico que hasta ahora les había dado la espalda: profesionales sanitarios, mensajeros, riders o falsos autónomos, cajeras de supermercados o trabajadores agrarios. Muchas de ellas personas migrantes, como las trabajadoras que han cuidado de nuestras ancianas y ancianos: una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza y sólo una cuarta parte está registrada en la Seguridad Social”, asegura la responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón, Lara Contreras.
Blindar el sector público
Como propuesta para hacer frente a la desigualdad, pobreza, paro y precariedad, Oxfam Intermón propone una recuperación basada en una fiscalidad progresiva, que permitiría recaudar 10.000 millones de euros más para blindar el sector público con el fin de garantizar la salud, la educación y la protección social. Entre las medidas, un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, una tasa a las transacciones financieras más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable.
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Asimismo, medidas para la reducción de la precariedad laboral, una mayor inversión pública en el sector de los cuidados, y un proceso de regulación administrativa amplio y extraordinario, que se incremente el acceso al permiso de trabajo y residencia. Así como garantizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital de los grupos en situación más vulnerable, como solicitantes de asilo o familias con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.
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