el DiarioSolidario
«Hemos venido a los Países Bajos en busca de justicia porque no hay otro lugar a donde ir», aseguraba, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) de Perú, Aurelio Chino. “En nuestro propio país, fuimos llamados terroristas cuando nuestra única opción era protestar contra la contaminación de nuestros ríos, nuestra tierra, nuestros peces y nuestros animales. Esperamos que aquí seamos tratados como seres humanos y que el gobierno holandés pueda convencer a Pluspetrol de asumir la responsabilidad por el terrible daño que ha hecho a nuestros pueblos».
Líderes indígenas de la Amazonía peruana han presentado una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde exigen que la empresa petrolera Pluspetrol, con sede en Ámsterdam, asuma su responsabilidad para remediar la contaminación generada por la exploración petrolera en territorios indígenas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón en la cuenca del Pastaza.
Pluspetrol fue fundada en Argentina, pero ahora tiene sede en Holanda con un solo empleado. Un análisis de la estructura corporativa indica que la compañía emplea además una compleja red de “empresas buzón» alojadas en paraísos fiscales, que se utilizan con frecuencia para eludir pago de impuestos y otras responsabilidades.
Vertidos y contaminación
La denuncia forma parte de una tendencia mundial que impulsa a la sociedad civil de los países en desarrollo a utilizar cauces judiciales mundiales para hacer frente a los delitos ambientales.
Las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales permiten que los particulares y las comunidades busquen reparación de las poderosas corporaciones internacionales que han violado los derechos humanos o burlado las leyes ambientales en países en desarrollo.
Las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT representan a más de cien comunidades indígenas de los pueblos quechua del río Pastaza, achuar del Corrientes, kichwa del Tigre y kukama del río Marañón, cuyos territorios están afectados por la contaminación petrolera cuyo responsable es Pluspetrol en los Lotes 1AB (hoy 192) y 8, de la región Loreto.
25.000 personas afectadas
De acuerdo con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) peruano, la empresa Pluspetrol, al término de sus operaciones en el Lote 1AB, debe responsabilizarse de la recuperación de 1963 espacios contaminados en la zona; sin embargo, desde su salida del lote en 2015, incumple los requisitos necesarios para aprobar su Plan de Abandono del área.
La queja sostiene que Pluspetrol ha violado varias de las Directrices de la OCDE. En ella se argumenta que la compañía no previno ni remedió el daño causado por la contaminación petrolera en el Lote 1AB (hoy Lote 192), la cual afectó fuentes locales de agua y alimentos, y a la salud y bienestar de alrededor 25.000 personas.
Pluspetrol es conocida por una serie de malas prácticas como los vertidos de aguas tóxicas de producción petrolera en ríos y barrancos del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón entre los años 1996 y 2009. Así como por las constantes multas, sanciones e infracciones por parte de las autoridades ambientales, o su cuantiosa deuda en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) (alrededor de 758.000 euros) que la sitúa como una de las empresas más deudoras de Perú.
La laguna desaparecida
La denuncia hace hincapié en el caso de la laguna Shanshococha, una importante fuente de alimentos para los quechuas del río Pastaza, que fue intervenida por Pluspetrol en 2012, sin autorización de las autoridades. «Después de que se descubrió que estaba gravemente contaminada en mayo de 2012, con su superficie cubierta por una gruesa capa de crudo de petróleo, los funcionarios del gobierno visitaron el sitio”, según la acusación. “Descubrieron que para cubrir el daño causado y evitar un procedimiento de sanción administrativa, Pluspetrol había abordado el derrame en el lago drenando ilegalmente la laguna por completo”.
El ente fiscalizador ambiental peruano impuso en el 2013 una multa de más de unos 5,1 millones de euros a la petrolera por haber contaminado y hacer «desaparecer» una laguna en Loreto.
Un informe toxicológico del 2016 realizado Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente de Perú a las comunidades indígenas de las cuatro cuencas hidrográficas, publicado en 2019, recogía que el 57% de su población tenía altas concentraciones de plomo en la sangre que superaban los estándares internacionales mientras que un tercio tenían niveles de arsénico y mercurio superiores a los recomendados por el ministerio de salud de Perú.
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Obligaciones fiscales
La delegación peruana solicitará a los responsables políticos de los Países Bajos que acaben con los vacíos legales que permiten a Pluspetrol y a más de 15,000 otras empresas buzón utilizar el sistema tributario holandés para evitar obligaciones fiscales en los países donde operan.
«Estas comunidades indígenas han tenido que buscar justicia en los Países Bajos, porque el Estado peruano no ha podido garantizar que Pluspetrol cumpla con sus obligaciones», ha asegurado el miembro de la ONG Perú Equidad, Yaizha Campanario, quien es parte del equipo técnico que elaboró la denuncia.
«Si Pluspetrol no remedia el caos ocasionado en una de las regiones de mayor diversidad de la Amazonía, el Estado peruano tendría que hacerse responsable ya que es su obligación asegurar la vida y los derechos. Las comunidades indígenas aún viven rodeadas de contaminación; pero sería un pésimo precedente que una empresa petrolera no asuma sus obligaciones y quede impune», dijo Campanario.
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