Los negocios turbios del Ejército de Myanmar y las operaciones contra grupos étnicos

Myanmar refugiados
Campo de refugiados de Mae La, en la provincia de Tak, Tailandia, donde según ACNUR hay unos 700 000 exiliados que han huido de la guerra en la antigua Birmania

el DiarioSolidario

La Misión Internacional de Investigación Independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar insta a países y a empresas privadas a cortar lazos con el ejército del país y con la vasta red de empresas bajo su control conocidas como Tatmadaw. En el informe: “Economic interests of the Myanmar military” alerta de que los ingresos que los militares obtienen de negocios comerciales nacionales y extranjeros aumentan sustancialmente su capacidad para llevar a cabo violaciones graves de los derechos humanos.

El informe establece que el Ejército de Myanmar ha utilizado sus propios negocios, compañías extranjeras y acuerdos de armas para apoyar operaciones contra grupos étnicos. “Esos operativos constituyen crímenes graves según el derecho internacional, evitan la supervisión civil y evaden la responsabilidad criminal”, señalan los expertos.

Embargo de armas 

La Misión solicita, además, la imposición de un embargo de armas, citando al menos a 14 empresas extranjeras de siete naciones, 12 de las cuales eran públicas, que desde 2016 han suministrado a Myanmar aviones de combate, vehículos blindados de combate, buques de guerra, misiles y lanzadores de misiles.

Empresas proveedoras de armas y de equipamiento militar al conglomerado de empresas Tatmadaw

“Durante este período, el Ejército ha llevado a cabo violaciones extensas y sistemáticas de los derechos humanos contra civiles en los estados birmanos de Kachin, Shan y Rakhine, incluida la deportación forzada de más de 700.000 rohinyás a Bangladesh”, asegura el informe.

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El trabajo de la Misión detalla dos de las empresas más opacas de Myanmar, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), ambas pertenecientes e influenciadas por altos líderes militares.

Altos rangos militares

Entre ellos se encuentran el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general en jefe, Min Aung Hlaing, y el vicecomandante en jefe, el general Soe Win, quienes, según la Misión, deberían ser investigados y procesados ​​por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

MEHL y MEC poseen al menos 120 empresas involucradas en todos los sectores de la economía. Desde la construcción hasta los productos farmacéuticos, la manufactura, los seguros, el turismo y la banca. Ambas compañías, junto con al menos 26 de sus filiales, tienen licencias para la extracción de jade y rubí en los estados de Kachin y Shan.

Para realizar sus actividades comerciales, las Tatmadaw han perpetrado graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el norte de Myanmar, entre los que se incluyen el trabajo forzoso y la violencia sexual, según recoge el trabajo.

Los expertos que han redactado el informe, estiman que el Consejo de Seguridad debería imponer, de manera inmediata, sanciones selectivas contra las compañías dirigidas por los militares. Asimismo, alientan a los consumidores, inversores y empresas en el país y en el extranjero a evitar tratos con empresas afiliadas a las fuerzas armadas.

El vínculo extranjero con las Tatmadaw

El informe detalla cómo 45 empresas y organizaciones en Myanmar donaron más de 10 millones de dólares al ejército en las semanas posteriores al comienzo de las operaciones de limpieza de 2017 en el estado de Rakhine. Las llamadas «compañías de compinches» con vínculos estrechos con el Tatmadaw financiaron más tarde proyectos de desarrollo en el estado de Rakhine que fomentaron el «objetivo de los militares de rediseñar la región de una manera que borrara la evidencia de que los rohingya pertenecen a Myanmar».

Del mismo modo, al menos 15 empresas extranjeras tienen empresas conjuntas con Tatmadaw, mientras que otras 44 tienen algún tipo de vínculo comercial. Las compañías extranjeras corren el riesgo de contribuir o estar vinculadas a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Como mínimo, contribuyen a apoyar la capacidad financiera de los militares. Por consiguiente, todas las empresas que hacen negocios o compran productos en Myanmar deben llevar a cabo una diligencia debida intensificada para asegurarse de que no beneficien al Tatmadaw, aseguran desde Naciones Unidas.

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